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El Defensor del Pueblo critica que las ‘devoluciones automáticas’ no permiten detectar si un migrante es menor o necesita protección. También hace referencia a este tipo de prácticas cuando se producen en el mar
El Defensor del Pueblo muestra un año más en su informe anual en mostrar su preocupación por las ‘devoluciones automáticas’, no sólo en las vallas de Melilla y Ceuta, sino también por mar. Soledad Becerril considera, en este sentido, que la Administración española tiene la obligación de detectar cuáles son los obstáculos que existen para que personas en necesidad de protección no puedan acceder a los puestos fronterizos sin poner en riesgos sus vidas
En el documento, presentado ayer por Soledad Becerril, indica que gran parte de las quejas recibidas a lo largo del 2016 hacían referencia al hecho de que esta práctica no permite conocer si las personas afectadas son menores de edad o se encuentran en necesidad de protección internacional.
La institución recuerda que ha reiterado en sus escritos una posición contraria a las ‘devoluciones automáticas’ de extranjeros y ha hecho ya numerosas recomendaciones sobre este asunto.
Devoluciones en el mar
En el informe publicado ayer, el organismo que dirige Becerril apunta, en referencia a las devoluciones en el mar, que ha manifestado en reiteradas ocasiones que las autoridades españolas deben garantizar que los extranjeros puedan formalizar solicitudes de protección internacional cuando sean interceptados por funcionarios españoles, con independencia de que esta eventualidad se produzca fuera o dentro de aguas territoriales españolas.
“Las devoluciones expeditivas de personas rescatadas del mar no respetan la normativa en materia de asilo”, apunta la Institución, que ya ha hecho referencia a esta cuestión en informes anteriores. “Este tipo de actuación no permite que potenciales solicitantes de asilo puedan recibir la protección que garantiza el Convenio de Ginebra. A salvo de las situaciones de persecución individual, procede recordar también que el Acnur (Agencia de la ONU para los Refugiados) ha hecho llamamientos para que no se devuelvan, retornen o expulsen personas a países cuya situación conflictiva puede poner en riesgos sus vidas”, precisa el Defensor del Pueblo.
El informe apunta, eso sí, que la Dirección General de la Guardia Civil considera que actúa en cumplimiento de la normativa. Señala que en uno de los documentos remitidos al Defensor del Pueblo, relativo a una actuación en Ceuta, indicaba que se cumplía con la Orden de Servicios sobre Vigilancia e Impermeabilización de Fronteras. Según éste, los guardias civiles tienen la misión de “materializar las tareas de impermeabilización fronteriza en el mar, que fundamentalmente consistirán en la detección temprana de las embarcaciones que con inmigrantes traten de acceder a territorio nacional. Esta detección debería, caso de ser posible, permitir alertar de forma oportuna a las autoridades marroquíes para que se hagan cargo de la incidencia antes de que los inmigrantes se acerquen a aguas españolas”.
Protestas por lo que tarda en llegar la asistencia sanitaria cuando hay un salto
El Defensor del Pueblo señala que entre las quejas recibidas a lo largo del 2016 en relación a entradas irregulares de inmigrantes en territorio español, se hace referencia a la demora en la llegada de los servicios de emergencia, lo que puede suponer un riesgo para las personas que se encuentran encaramadas en la valla. En este sentido, apunta que la institución continúa con las diligencias iniciadas ante la Delegación del Gobierno de Ceuta, tras la recepción de una protesta en la que se indicaba que tras un intento de salto a las 7 de la mañana, algunas personas habían resultado heridas con cortes profundos y contusiones. Sin embargo, no se había avisado al 112 hasta una hora y cuarenta y cinco minutos después de que se produjera esta situación, a pesar de que los inmigrantes se quedaron encaramados en la valla.
Recibe más del doble de quejas de Melilla en 2016
El Defensor del Pueblo tramitó el año pasado 83 quejas presentadas en Melilla, más del doble respecto a las 35 del 2015, la mayoría relacionadas con inmigración (41). Asimismo, 15 son relativas a la Función Pública, 5 a Educación, 4 a la Administración de Justicia y otras 4 a políticas sociales. Asimismo, otras dos, en cada caso, se refieren a asuntos de Interior, sanidad, empleo y Seguridad Social, actividad económica y a expedientes en estudio. Cárceles, igualdad de trato, impuestos y servicios públicos cuentan con una queja, en cada caso.
