La portavoz del Gobierno central, María Jesús Montero, señaló en una rueda de prensa que las Administraciones que aún están debatiendo la retirada de monumentos al franquismo o lo están haciendo “van tarde” porque la ley, votada democráticamente en el Congreso de los Diputados, obliga a ello, resaltó la portavoz. A una pregunta de El Faro en rueda de prensa, la portavoz resaltó que es obligación de todas las administraciones públicas y privadas el cumplimiento de la legalidad.
Por lo tanto, indicó que después de numerosas leyes elaboradas en democracia que hacen referencia a la memoria democrática o al enaltecimiento de la dictadura, hay un paraguas legal que impide visibilizar o resaltar este tipo de cuestiones y es por ello que se obligó a las administraciones a retirar de los espacios públicos las imágenes, estatuas o iconos que pusieran en valor una dictadura “que ha sufrido nuestro país”, así como el callejero que “enaltecía a los héroes” de dicho periodo.
La colocación de la estatua de Franco en la vía pública es posterior a su muerte, concretamente del 1978. Esta representa al que fue jefe del Estado casi cuatro décadas vestido de legionario y este ha sido el argumento principal para los detractores de su retirada, argumentando que se homenajea a la figura del comandante y no a la de caudillo.
La Ley de Memoria Histórica de España se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 27 de diciembre del 2007. En ella se establece, entre otros aspectos, que los “escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva del levantamiento militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura” deberán ser retiradas de los edificios y espacios públicos.
Durante el Ejecutivo del Partido Popular en Melilla, estos se negaron a retirar la estatua apoyándose en que se homenajeaba al comandante. Sin embargo, tras las elecciones de mayo del 2019 y la entrada de un nuevo gobierno, se esperaba que retirasen la estatua cuando antes. Eran numerosas las voces que preguntaban por ello, pero explicaban que querían que la retirada pasase por pleno de la Asamblea para que tuviese mayor cobertura jurídica y eso es lo que ocurrió este lunes.
La trituraran, no?
El Gobierno de Melilla ha sido más respetuoso con la imagen de un dictador genocida que lo que ha sido el gobierno del PP de Madrid con las imágenes de líderes democráticos históricos españoles como Indalecio Prieto y Largo Caballero. Eso debería mover a reflexión a la derecha melillense pero personajes como Imbroda o Marín son incompatibles con esa posibilidad.