El fraude viene de 4 viviendas, propiedad del acusado, quien alegó en el juicio que él no contrataba la luz sino sus inquilinos.
La empresa Gaselec reclama a un vecino de la barriada conocida como ‘El Poblado’, frente al cuartel de La Legión, 54.750 euros por haber ‘robado’ energía eléctrica hace 20 años. El Juzgado de lo Penal número 1 de Melilla celebró ayer el juicio tras la denuncia que la empresa presentó en 1993 contra seis vecinos de este barrio melillense por un delito de “defraudación del fluido eléctrico”. Sin embargo, antes de empezar la vista se retiraron los cargos contra cuatro de los acusados porque en su caso había prescrito el delito. Sólo se mantuvo la acusación contra los otros dos, J.S. y J.M.N. Al primero, Gaselec le reclama 1.800 euros (seis meses a razón de diez euros diarios) y al segundo una indemnización mayor 54.750 euros (doce meses a razón de 150 euros diarios). El caso quedó visto para sentencia.
El abogado del primer acusado pidió para su cliente la absolución. En caso de que la juez le considerara culpable, sostuvo que la cantidad supuestamente defraudada, 38.000 pesetas, no superaba el mínimo legal para ser constitutivo de delito, 400 euros. Por este motivo afirmó que los hechos debían ser calificados como falta y ésta ya había prescrito.
El grueso del juicio se centró en un bloque de cuatro viviendas propiedad del segundo acusado, J.M.N. A éste se le acusa de haber dado luz a sus pisos en El Poblado con un enganche ilegal a la red de suministro eléctrico.
Viviendas en construcción
El acusado explicó que entre los años 1991 y 1994 se construyó ese bloque de viviendas y en vez de contratar luz de obra, extendió un cable desde su domicilio, anexo a nuevo edificio, para suministrar electricidad durante su construcción. De la energía consumida, pagó todos los recibos, según aclaró su abogada, que entregó a la juez los resguardos de todos los abonos realizados de luz en esos años por parte de su cliente.
J.M.N. explicó que una vez terminada la obra, en mayo de 1994, alquiló las cuatro viviendas a cuatro militares. Afirmó que los encargados de dar de alta y contratar la luz en Gaselec eran los inquilinos y no él. Por ello, dijo no entender por qué la empresa le denuncia si no es el titular de ningún contrato de luz de ese edificio.
Además, aclaró a la acusación particular y a la Fiscalía que mientras se estaba construyendo el edificio nadie vivía en esos pisos. Éstos, insistió, fueron alquilados después de finalizar la obra y de obtener la cédula de habitabilidad correspondiente.
La empresa Gaselec, en esos años, hacía inspecciones muy frecuentes en El Poblado porque los enganches ilegales, según sostuvo su consejero delegado, Gustavo Cabanillas, eran la práctica habitual y, además, era visible porque esos ‘enganches’ ilegales se hacían a través de ventanas o en los tejados.
El acusado negó haber realizado o visto tales ‘enganches’ ilegales en el bloque de viviendas de su propiedad y reiteró que eran sus inquilinos los encargados de contratar el suministro eléctrico con Gaselec. De hecho, se enteró de que esta práctica también afectaba a los pisos de su propiedad, según declaró, tras la inspección que la empresa hizo en mayo de 1994 en la barriada, acompañado por técnicos del área de Industria de la Ciudad y la Policía Nacional.
En el juicio su abogada defensora insistió en que la denuncia de Gaselec data del año 1993, cuando aún las viviendas de su cliente no estaban construidas.
Testigos ya fallecidos
Durante el juicio se dio lectura a varias declaraciones de testigos o imputados en la causa, que debido al paso de los años ya han fallecido. La acusación particular refirió dos de ellos que en su día declararon ante el juez instructor que cuando vivieron en los pisos de J.M.N. no tuvieron que contratar la luz, pues la vivienda ya contaba con suministro.
El resto de testigos eran trabajadores de Gaselec, quienes explicaron a la juez la problemática existente hasta hace relativamente poco en El Poblado con los enganches ilegales. Aseguraron que las inspecciones en la barriada hace 20 años eran constantes porque los vecinos cogían suministro eléctrico directamente de los cables tendidos por Gaselec, por lo que su consumo era imposible de contabilizar y cobrar. Además, estos trabajadores declararon que en esa época retiraban los enganches por la mañana y por la tarde volvían a verse en fachadas y tejados.
Los ‘enganches’ clandestinos en El Poblado
El consejero delegado de Gaselec, Gustavo Cabanillas, fue el primero de los testigos en declarar en el juicio. Explicó que hace 20 años era el encargado del área de fraude de la empresa eléctrica. Explicó que, las inspecciones en la barriada de El Poblado eran constantes dada la problemática existente de los ‘enganches’ ilegales a la red de suministro. Aseguró que aunque por la mañana acudieran a las viviendas y cortaran esos cables ilegales, por la tarde volvían a estar enganchados. Sea en los tejados o a través de las ventanas, esos ‘enganches’ ilegales eran visibles desde la calle. “El fraude era sistemático”, insistió. Por ese motivo, en mayo de 1994 la empresa acudió a El Poblado acompañados de técnicos de Industria de la Ciudad y la Policía Nacional para denunciar a aquellos vecinos con un enganche clandestino y que los agentes procedieran a la identificación de los supuestos defraudadores. Cabanillas explicó que llamaron a la Policía Nacional para hacer esta labor, puesto que los contratos de luz no siempre están a nombre de la persona que ocupaba la vivienda, aunque esta circunstancia sea la aconsejable.
Cabanillas explicó cómo se hacían esos enganches ilegales y puntualizó que se requiere cierta pericia para realizarlos.
Declaró que esta problemática en El Poblado se ha atajado ya con la instalación de contadores en todas las viviendas y “negociando” con los vecinos. No obstante, aclaró que hasta llegar a una solución, el fraude se había prolongado durante 14 años, al menos.
