El Ministerio de Sanidad y las autonomías se reunieron ayer en Toledo en el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS) que, entre otros temas, abordó el informe sobre el impacto en la normativa sanitaria de la nueva Ley del Aborto elaborada por el Ministerio de Justicia. La consejera de Bienestar Social y Sanidad, María Antonia Garbín, participó en esta reunión.
Además, se debatió la posibilidad de reconocer como autoridad pública en el ejercicio de sus funciones al personal que, como empleado público, preste servicios en instituciones sanitarias públicas adscritas o dependientes de los distintos Servicios de Salud, en el ámbito del SNS. Se trata de un reconocimiento que exigen los médicos para garantizarles mayor protección ante una agresión física o verbal.
