Garbín no entiende las críticas del Defensor del Pueblo sobre el protocolo con menores

La consejera resaltó que son una de las pocas autonomías que hace pruebas de ADN para evitar la trata.

La consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín, aseguró ayer en declaraciones a El Faro que no entiende las críticas del Defensor del Pueblo a la gestión que se está haciendo desde la Ciudad del protocolo para detectar a los menores inmigrantes que llegan a Melilla acompañados de adultos que no son sus padres.
Hay que recordar que tal y como publicó ayer este periódico, el Defensor del Pueblo apunta en su actualización del informe sobre trata de seres humanos que en nuestra ciudad no se han cumplido todas las recomendaciones realizadas por la institución tras sus últimas visitas. Desde el organismo apuntan que es necesario reforzar los protocolos para la lucha contra la trata en nuestra ciudad, aunque no precisan qué medidas tendrían que adoptarse.
La consejera de Bienestar Social recordó que, tal y como adelantó El Faro hace unas semanas, en lo que va de año se han detectado siete casos de menores acompañados por adultos que no eran sus padres. Garbín destacó que gracias a las pruebas de ADN que se están realizando en colaboración con la Delegación del Gobierno se han conseguido estos resultados.
La máxima responsable del área de Bienestar Social recalcó que nuestra ciudad es una de las pocas regiones españolas que ha activado un protocolo de este tipo para luchar contra la explotación infantil y señaló que su intención es continuar trabajando en esta misma línea.
Garbín reconoció que siempre pueden ponerse en marcha otras acciones para seguir mejorando la situación de los menores, pero insistió en que la Ciudad está muy implicada en estas cuestiones y aseguró que el protocolo para la realización de pruebas de ADN es una buena muestra de este trabajo.
El protocolo para la realización de análisis de ADN se puso en marcha en enero de este año. La dirección del CETI explicó a El Faro que habían detectado que algunos de los menores que llegaban a Melilla acompañados de adultos, luego eran víctimas de trata cuando se trasladaban a la península, porque estas personas no eran en realidad sus padres. Ante esta situación se optó por intervenir para evitar futuros casos de explotación, por lo que Garbín no entiende las críticas del Defensor del Pueblo.

El Defensor del Pueblo rectifica, pero no deja claro quién tiene que mejorar sus protocolos de actuación

El gabinete de Prensa del Defensor del Pueblo aseguró ayer en declaraciones a El Faro que cuando en el informe sobre trata de personas presentado la semana pasada se habla de “reforzar los protocolos de actuación para la detección inmediata de potenciales víctimas de trata en aeropuertos, costas y en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla”, en el apartado de retos pendientes, no se refieren a que la Consejería de Bienestar Social tenga que mejorar sus actuaciones, sino a la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Desde la institución reconocieron que la redacción del texto es algo “confusa” y la interpretación del documento es complicada si no se lee previamente el informe completo de 2012. No obstante, el análisis que hizo ayer el Defensor del Pueblo de este punto (el referente al refuerzo de protocolos) del documento entra en contradicción con otra afirmación que se extrae del propio informe, en la que se indica que desde la Institución se “aplaude” el hecho de que la Guardia Civil haya elaborado el Plan Estratégico contra la Trata que se le exigió el año pasado. Es decir, por un lado desde el organismo apuntan que los encargados de vigilar los puntos de entrada a nuestra ciudad, la Guardia Civil, tienen que reforzar su actuación (sin especificar en ningún momento cómo tendría que materializarse esta mejora), mientras que por otro lado afirma que el Instituto Armado sí ha seguido las recomendaciones que se le dieron en 2012. Desde el Defensor del Pueblo insistieron que la Consejería de Bienestar Social se ha mostrado dispuesta a colaborar en todo momento, por lo que no dejar claro qué administración es la que supuestamente tiene que reforzar sus protocolos de actuación.