l La consejera desmintió en marzo las palabras de un consejero extremeño que afirmó lo mismo que ella dijo ayer l Garbín reconoció que hasta ahora “no se podía dejar de tutelar a un mena hasta que éste cumple 18 años”
Una de las modificaciones que se quieren incluir en la Ley de Menores es que la tutela de la administración sobre los menas (menores extranjeros no acompañados) que abandonen un centro de acogida voluntariamente cese pasados seis meses. Así lo afirmó ayer en declaraciones a los medios de comunicación la consejera de Bienestar Social, María Antonia Garbín. Con estas palabras, Garbín matizaba lo que ella mismo dijo hace poco más de un mes, desmintiendo al consejero extremeño de Salud y Política Social, Luis Alfonso Hernández, que al término de la reunión del consejo sectorial de inmigración aseguró que los asistentes habían acordado el periodo adecuado para que la administración dejara de ser responsable de los niños que viven en centros sería a partir de seis meses.
En aquel momento, Garbín aseguró que ese punto no se había incluido en el protocolo firmado en el encuentro y se limitó a decir que el asunto había estado sobre la mesa. Las palabras de la consejera fueron tan ambiguas que dieron a entender que Hernández había mentido o al menos se había equivocado en sus declaraciones. Sin embargo, ayer ella misma reconoció que la afirmación del consejero extremeño era cierta. El punto no formaba parte del protocolo, pero sí del borrador del nuevo anteproyecto de ley. Más allá de en qué documento se haya incluido, lo relevante es que por primera vez se plantea la posibilidad de limitar el tiempo durante el que una administración es responsable de un menor en situación de desamparo cuando se ausente voluntariamente. La propia Garbín dijo ayer que “es un paso adelante, porque hasta ahora no podía cesarse la tutela hasta los 18 años”.
El asunto es complejo. Este periódico ha intentado en los últimos meses averiguar en qué supuestos puede una administración pública dejar de hacerse responsable de un menor, después de que el Defensor del Pueblo denunciara en su último informe que en nuestra ciudad no se estaba cumpliendo la normativa, porque se cesaba la tutela de los menas 24 horas después de abandonar el centro de acogida. Es decir, los niños quedaban desamparados. La consejera de Bienestar Social se había limitado, hasta ayer, a afirmar que la Ciudad siempre ha cumplido la legalidad. Es más, llegó a decir que “hay muchas opiniones y criterios” a la hora de interpretar la ley. Eso sí, ya en aquel momento indicó que tenían la intención de pedir más precisión en el tema de la tutela para evitar que se produjeran confusiones.
Ayer, Garbín fue un paso más allá y aseguró, en declaraciones a la prensa, que hasta el momento, lo único que ha podido hacer la Ciudad es cesar el acogimiento residencial de los menas, pero nunca la tutela. La consejera reconoció que, tal y como han dicho el Defensor del Pueblo, el Defensor del Menor de Andalucía y el ex Defensor del Menor de Madrid en informaciones recogidas en El Faro, la Administración no puede dejar de ejercer la tutela de los menores aunque éstos se marchen del centro. “Si se cesa la tutela, la administración ya no es responsable del niño. Nosotros lo que hacemos es cesar el acogimiento”, aclaró por primera vez la consejera, que hasta ayer nunca había desmentido las críticas de las instituciones que indicaban que en Melilla se dejaba de tutelar a los menores cuando se marchaban de La Purísima.
Ahora, Garbín espera que con la nueva legislación la Ciudad sí tenga potestad para dejar de tutelar a los niños que deciden voluntariamente irse de los centros de acogida. Habrá que esperar para ver si el anteproyecto sale adelante y la Consejería puede, ahora sí actuando bajo la legalidad, dejar de ser responsable de los menas que están en la calle.
