El Gobierno melillense ha sacado una partida presupuestaria de algo más de 2,6 millones de euros para ayudar a los propietarios a dotar de ascensores sus edifico, lo cual supone garantizar la accesibilidad a las personas que en su día adquirieron una casa de VPO y con los años se ven impedidas de poder subir y bajar escaleras. Además, el coste para la instalación de los ascensores no se puede decir que sea barato, lo cual hace que en la inmensa mayoría de los casos esos vecinos opten por no salir a la calle.
Lo que inicialmente era la queja de un pequeño grupo de mayores se fue convirtiendo en algo mucho más importante. Tan es así que el Partido Popular decidió llevar en su programa electoral para las elecciones de mayo de 2023 una propuesta consistente en financiar ayudas a la instalación de ascensores en el caso de que llegara al Gobierno. Y así lo ha hecho.
El Boletín Oficial de Melilla del pasado 29 de octubre publica precisamente la convocatoria de esas ayudas, que pueden alcanzar los 133.000 euros por edificio, según explicó ayer el consejero de Fomento, Miguel Marín. La idea es poder sufragar hasta el cien por cien del coste para las viviendas de VPO con el objeto de apoyar la propia adquisición del ascensor (unos 35.000 euros), la realización de las obras (otros 80.000 euros), la gestión administrativa (hasta 3.000 euros) e incluso la redacción de proyectos, direcciones facultativas, tasas e impuestos (15.000 euros).
Se trata de una gran iniciativa, que va a permitir a decenas de bloques de viviendas tener el ansiado ascensor, algo que esperan como agua de mayo sobre todo los vecinos de más edad. Estos podrán disfrutar de una total accesibilidad en sus edificios, algo de gran importancia y que merecía toda la prioridad posible por parte del Gobierno.
Hay otro asunto que también merece una reflexión y es la falta de acuerdo entre Muface y las principales aseguradoras de España para la prestación del servicio sanitario para miles de funcionarios en todo el país. Se avecina un problema si Muface no satisface las demandas de estas compañías porque en su caso deberá ser el sistema público el que se encargue de asumir a un millón y medio de funcionarios, según los cálculos que se han dado a conocer, a los que hay que añadir cónyuges, parejas e hijos, en su caso.
Y la pregunta salta a la vista: ¿está preparado el sistema para recibir semejante volumen de usuarios? ¿Se imaginan miles de melillenses que, de pronto, pasan a la sanidad pública? ¿Estaría preparado Ingesa para asumir esa carga en nuestra ciudad?
Estamos hablando de una localidad que ya es el farolillo rojo en cuanto a la prestación si comparamos con el resto de Europa. ¿Va a haber suficientes medios materiales y humanos para atender esa demanda? Si actualmente hay que esperar más de ocho meses para conseguir una cita con el otorrino en Melilla, ¿qué pasará cuando tantos usuarios entren en el sistema tal como está en estos momentos?
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), por ejemplo, ya se ha pronunciado sobre este asunto y ha hecho referencia al posible "colapso" porque, en su opinión, la sanidad pública no está preparada para recibir el aluvión de usuarios que se prevé.
