La Fiscalía de Melilla envía al Juzgado la denuncia de Guelaya sobre el vertido de escorias de la incineradora en el vertedero de inertes, según anunció la organización ecologista en una nota de prensa. Estos se muestran “satisfechos” y esperan que la judicialización del caso “provoque la solución política del problema que no puede ser otra que el traslado a la península de las escorias a un vertedero de residuos no peligrosos”, aseguran.
Guelaya relató que los hechos denunciados en 2018 por la asociación ante la Fiscalía de área de Melilla están relacionados con la colmatación del vaso de residuos no peligrosos que comenzó a funcionar a finales de 2014 y se colapsó en junio de 2018. Al tratarse de un almacenamiento temporal de escorias, y no haberse utilizado o valorizado tras cuatro años, no cabía otra solución que vaciarlo con el envío de escorias a un vertedero habilitado para ese tipo de residuos en la península pero la Consejeria de Medio Ambiente decidió, en contra de las alegaciones de Guelaya, verter las escorias “como” si fueran inertes.
“Los análisis con que la consejería fundamentó su decisión de verter las escorias entre escombros han resultado no ser completos. Además, no se vertieron en el interior del vertedero sino en el exterior del mismo en pleno paseo marítimo de Horcas y junto a zonas de baño en donde el polvo es respirado por las personas que pasean o hacen deporte cuando hace viento con el potencial riesgo para la salud pública”, explican.
Expusieron que “mientras que la Consejería valoraba que solo tres parámetros de las escorias superaban los niveles límite para considerarlas inertes”, los análisis de la Fiscalía encuentran más sustancias que impiden que las escorias puedan ser vertidas como inertes, en concreto cloruros, sulfatos, cromo, cobre, molibdeno, antimonio y zinc, aseguraron.
Guelaya subrayó que las escorias “de ninguna manera se pueden verter en un vertedero de escombros junto a un paseo marítimo y además, se están vertiendo o se han vertido residuos corrosivo sin control en el vertedero y en la red de saneamiento”.
Aseguran que han esperado más de dos años esta resolución de la Fiscalía “en silencio”, y que ahora “van a mantener el principio de presunción de inocencia de todas las personas implicadas”. Aún así, añadieron que esta denuncia “debe provocar la respuesta política al problema, y como en casi todos los problema, la solución está en los presupuestos de la Consejería de Medio Ambiente del año 2021”.
Exponen que si no se toman medidas, como llevar los residuos a la península y por el contrario se sigue usando, desde Guelaya afirman que “solo quedaría la opción de seguir vertiendo en el vertedero de inertes, y entonces la actual Consejería sería cómplice del delito que se está Juzgando”.
