El ministro del Interior no quiso valorar el hecho de que Marruecos no permita a los inmigrantes subsaharianos llegar hasta las oficinas de asilo de las fronteras de Melilla y Ceuta
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, afirmó ayer que no se va a “inmiscuir” en la “política interior” de Marruecos ni a “decir nada” que pueda perjudicar las relaciones bilatelares, en relación al hecho de que los ciudadanos de origen subsahariano sin permiso de residencia en el reino alauí no puedan acceder a las oficinas de asilo de los puestos fronterizos de Melilla y Ceuta. “No voy a meterme en la política interior de Marruecos”, recalcó.
El ministro del Interior insistió en que la colaboración de España y Marruecos para frenar la llegada de inmigrantes es “magnífica” porque los dos países son “amigos, vecinos y aliados” e insistió en que no va a decir “nada” que pueda poner en cuestión estas buenas relaciones, “muy importantes para España”.
Fernández Díaz no entró a valorar en ningún momento el hecho de que el Gobierno marroquí no permita a los subsaharianos acceder a las oficinas de asilo, a pesar de que el lunes aseguró que estas oficinas demostrarán que quien salta la valla no busca protección.
El ministro reiteró hasta en tres ocasiones que no diría nada que ponga en cuestión la cooperación y colaboración con Marruecos. Eso sí, agradeció al país vecino “lo que está haciendo en la lucha contra el terrorismo yihadista y la inmigración irregular”.
Fernández Díaz insistió en que las personas que intentan entrar en España saltando la valla no piden asilo ni protección internacional y son inmigrantes “por razones económicas”. “Es una situación dramática pero no lo es legitima para pedir asilo”, apostilló.
“Quieren quieran pedir asilo, ahí tendrán los locales para poder hacerlo y quienes intenten entrar ilegalmente saltando las vallas son personas que evidentemente, como intentan entrar ilegalmente y no tienen derecho de asilo; la Guardia Civil tiene la obligación legal de impedir que entren”, recalcó.
El ministro del Interior insistió, además, en que España necesita la implicación de la Unión Europea para solucionar el tema de la inmigración. “España no está en condiciones ni es su obligación resolver un problema dramático como éste que a todos nos afecta”, dijo.
“Algunos hacen discursos buenistas, está muy bien, pero no se resuelve este problema, porque hay ponerle solución entre todos”, insistió.
Por otro lado, Fernández Díaz anunció que habrá un protocolo para regular la actuación de las Fuerzas de Seguridad del Estado en las fronteras de Melilla y Ceuta ante la llegada de inmigrantes.
El ministro apuntó que en el texto de la ley que permitirá las ‘devoluciones en caliente’ se añadirán varios párrafos, uno de ellos sobre este protocolo.
“Este protocolo dará más previsión y seguridad jurídica ante las dudas que a algunos les suscita el concepto operativo de rechazo en frontera”, indicó el titular de Interior, que resaltó que esta práctica se viene efectuando desde 2005 “sin que nadie lo cuestionara”.
En estos párrafos que se añadirán al texto también se hará referencia a la instalación de las nuevas oficinas de asilo que está previsto que se pongan en funcionamiento en Melilla y Ceuta. El nuevo articulado de la ley también hará mención a la labor de la Guardia Civil de control de fronteras “se hace con pleno respeto a los derechos humanos todos los convenios y tratados internacionales de los que España forma parte”.
Abogados contra los rechazos
En este punto cabe señalar que a pesar de que el ministro insista en la legalidad de las 'devoluciones en caliente' desde diversas instituciones se sigue poniendo en duda esta práctica. El Colegio de Abogados de Barcelona se sumó ayer a las críticas por las modificaciones que el Gobierno pretende hacer para legalizar estas expulsiones en las vallas de Melilla y Ceuta. El Colegio de Abogados barcelonés acusa al Gobierno de utilizar la tragedia del Tarajal para emprender una reforma indirecta de la Ley de Extranjería usando la vía de presentación de enmiendas a la Ley de Seguridad Ciudadana. Alerta al Ejecutivo de que no puede legislar sin respetar la normativa internacional en materia de derechos humanos.
