El ministro del Interior recalca que la enmienda a la Ley de Seguridad Ciudadana, que modificará la Ley de Extranjería, es totalmente constitucional y garantiza que cumple con la legislación europea
El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se mostró ayer plenamente convencido de que la reforma de la Ley de Extranjería relativa al rechazo en frontera de inmigrantes irregulares que intentan entrar por las vallas de Melilla y Ceuta es “absolutamente legal y constitucional” y acorde a la legislación europea.
En declaraciones en los pasillos del Congreso, Fernández Díaz respondió así a las palabras del nuevo comisario europeo de Inmigración, el griego Dimitris Avramopoulos, quien dijo ante el pleno de la Eurocámara que confía en que España enmendará su Ley de Seguridad Ciudadana en lo relativo a los rechazos de inmigrantes en las fronteras de las dos ciudades autónomas. “La Comisión no dudará en adoptar las medidas apropiadas cuando haya pruebas de que un Estado miembro ha violado las leyes de la UE. Pero confió en que el diálogo que hemos abierto con las autoridades españolas tendrá resultados positivos y conducirá a los cambios necesarios”, dijo Avramopoulos.
Fernández Díaz explicó ayer que la enmienda que el PP ha introducido al proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana para reformar la Ley de Extranjería refuerza la seguridad jurídica con la que trabaja la Guardia Civil en los perímetros fronterizos de las dos ciudades autónomas para que nadie entre ilegalmente en España.
“Es algo tan elemental como que los estados tienen el derecho y el deber de proteger sus fronteras”, insistió el ministro.
Además, el ministerio del Interior recordó que se crearán oficinas de atención a solicitantes de asilo y protección internacional en puestos fronterizos de las dos ciudades autónomas, porque quienes intentan entrar ilegalmente “tienen claro que no quieren pedir asilo”
Hay que señalar que el PP aprobó en solitario el proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana en la Comisión de Interior del Congreso celebrada este martes. Todos los grupos de la oposición rechazaron la nueva normativa y criticaron la enmienda que pretende regularizar las ‘devoluciones en caliente’.
ONGs contra las ‘devoluciones’
La red Migreurop, en la que están representadas varias organizaciones, entre ellas CEAR, ha planteado a los diputados de Izquierda Plural, PSOE y Amaiur, una proposición no de ley para fiscalizar el acuerdo de readmisión de inmigrantes suscrito entre España y Marruecos y poder suspenderlo en el caso de que el reino alauí no garantice los derechos fundamentales de las personas que son entregadas a pie de valla en Melilla y Ceuta. Resaltan que numersoas organizaciones marroquíes e internacionales han constatado que en Marruecos no se garantizan los Derechos Humanos, por lo que consideran que España debería primar el principio de “no devolución” por encima de la expulsión de inmigrantes. “España tiene que tener información ante las sospechas de vuneración de derechos”, recalcaron los representantes de las ONGs.
