FALTAN policías, guardias civiles... pero también escasean los médicos, enfermeras, docentes, funcionarios en los juzgados...
En general, se necesita más personal en la mayor parte de las áreas de la administración pública. La crisis ha obligado a hacer recortes tanto entre el personal que trabaja para el Estado como en las plantillas de las empresas privadas. La prueba de este duro ajuste del cinturón son los más de cuatro millones de parados que siguen sin encontrar empleo en nuestro país.
Ahora, el aparente cambio de tendencia económica, permite empezar a revertir la situación. Tal vez no sea suficiente el actual presupuesto destinado a reforzar las plantillas de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, como denuncian los sindicatos. Éstos aseguran que en los últimos cuatro años se han perdido 8.000 policías en todo el país, mientras que las plazas convocadas no llegan a 2.000 en ese mismo periodo. En consecuencia, el déficit en la platilla es de 6.000 agentes. Lógicamente, la carga de trabajo ha recaído sobre los policías que en este tiempo ha permanecido en activo. Afortunadamente, su esfuerzo y profesionalidad han impedido que se disparen los niveles de criminalidad. Al igual que en otras áreas de la administración pública y de la empresa privada, ha sido necesario gestionar con más esmero los recursos estableciendo prioridades y asumiendo el desgaste político que siempre supone cualquier recorte presupuestario.
Este año, la oferta pública de empleo contempla 1.374 plazas en la Policía Nacional y 820 en la Guardia Civil. Lógicamente, no son suficientes para cubrir las pérdidas de los últimos años, no es la cantidad que desean los sindicatos policiales ni tampoco es el número que convocaría el Gobierno central si hubiera recursos para más. Por lo tanto, aún continuará habiendo carencias, que se sentirán más en ciudades fronterizas como Melilla, donde los niveles de seguridad no sólo están determinados por los problemas que puedan surgir entre su propia población, sino que la Guardia Civil y Policía Nacional también deben responder ante hechos delictivos protagonizados por individuos del país vecino. Además hay que sumar los asuntos relacionados con la inmigración ilegal, que obliga a continuas intervenciones, no sólo para impedir las entradas ilegales sino también para arrestar a los individuos que se lucran con esta actividad delictiva.
Los ajustes, con mayor o menor intensidad, han sido inevitables y no deberían suponer desgaste político para el partido que está en el Gobierno, siempre que al final de la legislatura pueda mostrar un balance que, aunque no sea positivo, sí señale claramente que estamos en proceso de recuperación.
