El candidato al Senado y presidente del Partido Popular de Melilla, Juan José Imbroda, denunció ayer ante los medios una supuesta trama de corrupción orquestada por Coalición por Melilla para obtener votos a cambio de puestos de trabajo en los Planes de Empleo.
A través de esta treta, CpM pretendería manipular a los ciudadanos que tienen necesidad de un puesto de trabajo y aprovechar esta debilidad para inflar su apoyo electoral el próximo 10 de noviembre, cuando los melillenses acudan a las urnas para elegir a sus representantes en las Cortes Generales.
Por su parte, la líder del PSOE, Gloria Rojas, pidió a la ciudadanía que denunciara ante la Justicia cualquier intento de compra, dando así cierta veracidad a lo denunciado por Imbroda. No en vano, la gestión de los Planes de Empleo es tarea de su partido, a través de la Delegación de Gobierno.
El simple hecho de que en nuestra ciudad, elección tras elección, sobrevuele la duda de la compra de votos, deja mucho que desear de la calidad democrática que se respira en Melilla.
Casos como las condenas por el voto por correo, o la saturación de la oficina postal en esta época tampoco ayudan a despejar este tipo de sospechas.
Nuestros responsables políticos tienen la obligación de terminar de una vez por todas con este asunto y la Justicia debe investigar y actuar de manera contundente para despejar cualquier atisbo de duda sobre la legitimidad de los resultados electorales.
La situación que se vive en Melilla en vísperas de cada elección es única en España, al menos en ciudades de tamaño y relevancia política similar, y ni la ciudad ni los melillenses se merecen esta imagen que se proyecta de la ciudad.
