El Gobierno ha aprobado este martes la reforma del Reglamento de extranjería, un decreto que flexibiliza trámites para conceder autorizaciones de trabajo y que, como principal novedad, permitirá a inmigrantes sin papeles con dos años en España regularizar su situación si se forman, medida que busca cubrir puestos poco demandados.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha considerado que la reforma permitirá abordar con mejores instrumentos los retos migratorios y propiciar una migración "regular, ordenada y segura".
Inclusión, que busca favorecer la incorporación de inmigrantes al mercado laboral, asume que los actuales procedimientos son en muchos casos "lentos e inadecuados", lo que genera periodos prolongados de irregularidad y s convierte en un caldo de cultivo para la economía sumergida.
Para facilitar la incorporación al mercado de trabajo de las personas que están en España, se actualizan las figuras de arraigo laboral, social y familiar, así como la reagrupación familiar.
Se crea además el "arraigo para la formación", que permitirá a inmigrantes que lleven dos años en España y quieran formarse en profesiones "particularmente deficitarias" que puedan hacerlo, generando una "pasarela" hacia el mercado de trabajo, ha explicado Escrivá.
Contarán con una autorización provisional de un año, prorrogable a otro, para realizar una formación reglada para el empleo y después podrán solicitar autorización de residencia y trabajo por dos años si presentan un contrato.
Podrán estudiar lo que deseen, precisan desde Migraciones, pero su regularización estará supeditada a un contrato de trabajo, lo que hará que ese formen en ocupaciones no cubiertas por los trabajadores del mercado interno.
Junto a este punto, se mejora la normativa para favorecer la permanencia de los estudiantes extranjeros en España: se les permitirá compaginar la formación con el trabajo siempre que no se superen las 30 horas semanales y se eliminan las restricciones que tienen ahora para incorporarse al mercado laboral tras acabar los estudios.
Según Inclusión, en esto momentos hay unos 50.000 estudiantes no comunitarios matriculados, entre los que hay perfiles de alta cualificación y la reforma permitirá a España competir por talento internacional.
Según las cifras de Migraciones, en 2021 solo se concedieron 285 autorizaciones iniciales de trabajo para autónomos.
Para mejorar y facilitar la contratación en origen, la reforma busca adaptar el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura para que refleje las necesidades reales del mercado, con actualizaciones periódicas.
Se simplifican en ese contexto también los trámites de la denominada migración circular, en la que los trabajadores regresan a su país tras finalizar el contrato: se concederán autorizaciones de cuatro años para trabajar nueve meses al año con compromiso de retorno.
Escrivá ha destacado como objetivo prioritario mejorar la gestión de los expedientes de extranjería, para lo que se reducen trámites y se creará una "unidad de tramitación" para intentar descargar a las desbordadas oficinas de extranjería, que actualmente tardan de media nueve meses en tramitar una autorización de residencia y trabajo.
El ministro ha descartado hacer una estimación de cuántos trabajadores podrán salir de la economía sumergida con esta reforma y ha asegurado que ése no es el objetivo de la misma, sino modernizar todo el sistema.
Sin elucubrar sobre posibles cifras, el Ministerio sí reconoce la necesidad de poner coto a la economía sumergida y destaca que la reforma fomenta la figura del "confidente", de modo que quien colabore con la inspección de trabajo y pueda acreditar seis meses de empleo irregular podrá conseguir un permiso, sin exigirse tiempo de permanencia previo.
Rechazan las fuentes que medidas como el arraigo por empleo, pueda generar un efecto llamada, ya que, recuerdan, se exigen dos años de permanencia en España.
Andalucia Acoge ha tachado la reforma de "tímida" y ha lamentado que se ponga el foco en los migrantes como mano de obra.
"No acaba de solucionar la situación irregular de medio millón de personas que ya forma parte de la sociedad española y que trabajan en la economía sumergida, ni genera mecanismos legales y seguros que eviten situaciones como la tragedia de Melilla", ha aseverado a Efe el director general de la ONG, José Miguel Morales.
