El papel que juegan el Gobierno y en general las autoridades españolas en el asunto migratorio son ahora parte del debate sobre asilo y acceso a las garantías internacionales.
Si hace algo más de una semana, concretamente el 21 de julio, el Defensor del Pueblo hablaba de que España debe analizar las causas por las que no se ha registrado ninguna solicitud de asilo de subsaharianos en las oficina de Beni Enzar y El Tarajal, Jueces por la Democracia considera que se puede exigir responsabilidades a España sobre el hecho de que cierto perfil de extranjero no tenga acceso al derecho al asilo.
Ni el Defensor del Pueblo ni la asociación de magistrados son los primeros que ponen esta cuestión sobre la mesa. Organizaciones como la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) han manifestado en más de una ocasión que la oficina de asilo no está solucionando el problema de los migrantes subsaharianos. De hecho, insisten en que entre ellos puede haber personas que provengan, por ejemplo, de zonas de conflicto.
Se abre pues un interrogante, que es conocer el papel que juega el Ejecutivo de nuestro país a la hora de garantizar que estas personas tienen acceso a determinadas garantías recogidas en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH).
Al hilo de esta cuestión, la semana pasada, el delegado del Gobierno en Ceuta, Nicolás Fernández, aseguró ante los medios de comunicación que “no es problema de España” si los subsaharianos no alcanzan las oficinas de asilo ubicadas en los puestos fronterizos de El Tarajal y Beni Enzar.
Esta postura es diametralmente opuesta a la que manifiesta el Defensor del Pueblo, Soledad Becerril, que propone estudiar y colaborar con Marruecos para saber por qué esta facción de extranjeros no alcanza estos puestos para solicitar sus derechos.
Como desde hace tiempo viene demostrándose, las posiciones en este sentido son férreas y están enrocadas. Mientras que la propia Becerril teme que se estén llevando a cabo expulsiones sumarias de inmigrantes sin tener en cuenta sus garantías internacionales, el Gobierno sigue defendiendo la efectividad de los rechazos en frontera y la compatibilidad de éstos (al menos de su marco legal, como indicó la Comisión Europea) con los Derechos Humanos.
Puede que sólo una sentencia de Estrasburgo ponga fin a este ya dilatado debate.
