La Comisión Europea volvió a exigir este pasado jueves el retorno a Marruecos de todos los inmigrantes que entraron de forma irregular en Ceuta, sin excluir a los menores extranjeros no acompañados, según informó El Faro de Ceuta. El portavoz comunitario de Asuntos Internos, Markus Lammert, defendió esta posición en una rueda de prensa en Bruselas, en la que recordó además a España su obligación de proteger a los menores que permanecen en la ciudad autónoma.
"Debe garantizarse la protección de los menores vulnerables. Y esto es, por supuesto, un deber del Estado, en este caso de las autoridades españolas, garantizarlo", afirmó Lammert. El portavoz reiteró que la expectativa de Bruselas sigue siendo clara: que todos los que permanezcan de forma irregular en Ceuta sean retornados a Marruecos. Lammert subrayó además la necesidad de que esos retornos se produzcan de manera efectiva y remarcó la importancia de reforzar los controles fronterizos en la ciudad autónoma.
Lammert se refirió también al anuncio del Gobierno español de trasladar a la península a 500 niñas menores de edad, una medida de la que la Comisión afirma haberse enterado a través de los medios y sobre la que aún espera más detalles oficiales. El portavoz celebró, en cambio, el anuncio de las autoridades españolas de ampliar la capacidad de acogida en Ceuta, una medida orientada a paliar lo que la propia Comisión describe como una situación humanitaria derivada de la llegada masiva de migrantes en las últimas semanas.
La Comisión insistió en que trabaja "estrechamente" con España para ayudar a completar una solicitud formal de asistencia, aunque reconoció que todavía no la ha recibido de manera definitiva. Entre las vías de apoyo mencionadas figuran los fondos del Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI), así como posibles refuerzos de Frontex, Europol y la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA). Lammert insistió en que Bruselas quiere seguir apoyando tanto a Madrid como a Rabat para lograr una frontera más sólida.
Esta posición se suma a la ya expresada por Bruselas el pasado 19 de agosto, cuando Lammert sostuvo que la Directiva de Retorno aprobada por la UE en junio contempla también la expulsión de menores no acompañados, obviando así la protección jurídica reforzada que este colectivo tiene reconocida tanto en el derecho español como en el comunitario. Aquella postura ya generó entonces críticas de organizaciones y sectores que defienden la protección de la infancia migrante frente a lo que califican de política de expulsiones exprés.
