LA semana comienza con la misma incertidumbre que dejó este viernes el fin de la jornada laboral en el Ministerio de Hacienda.
Una decisión de un organismo de ese departamento, el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, mantiene en el aire el futuro inmediato de las conexiones marítimas de Melilla con la península. La Ciudad confiaba en conocer antes del inicio del fin de semana su sentencia sobre la polémica generada por distintas entidades de Motril en relación al concurso para la adjudicación del nuevo contrato marítimo. Sin embargo, nuevamente queda demostrado que la prisa de la Administración no es la misma que la de sus ‘administrados’. La parsimonia y ‘modo paseo’ en el que se desenvuelve dicho tribunal retrasan hasta hoy, al menos, el general conocimiento de su decisión.
Si finalmente el fallo se emite con la coherencia que se espera de la Administración, si ésta ha logrado mantener sus deliberaciones al margen de los intereses partidistas o de las circunstancias políticas de un año afectado desde su nacimiento por un electoralismo crónico, si la legalidad ha sido su única guía al redactar su sentencia, el recurso planteado desde Motril debería ser rechazado sin ni siquiera entrar a valorar su argumentación. De hecho, el Tribunal debería empezar su sentencia explicando por qué admitió dicho recurso cuando el Ayuntamiento de Motril, la Autoridad Portuaria de Motril y los propios motrileños no pintan absolutamente nada en este proceso.
Superada la enésima piedra en el camino del que se espera que se convierta en ‘el mejor contrato marítimo de la historia’, mañana deberíamos conocer el nombre de la compañía naviera encargada de traernos y llevarnos a la península durante los próximos dos años. Así lo espera al menos el viceconsejero de Turismo, Javier Mateo, quien después de sucesivos reveses y desilusiones, aún no ha perdido la esperanza de que todo se resuelva positivamente. Hay que recordar que el origen de los muchos ‘chascos’ que atesora Mateo debemos buscarlo en las hojas del calendario de 2013, cuando el viceconsejero negó con displicencia la posibilidad de que el primer concurso quedara desierto, como había ocurrido meses antes en Ceuta. Hace un año, también en Fitur, quedó demostrado que había sido un error por parte de Mateo rechazar con desdén esa probabilidad.
Hoy el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales debería poner fin a esta colección de desatinos. Y mañana deberíamos saber cuánto nos van a costar finalmente los billetes a la península, cuáles van a ser los horarios, en qué condiciones realizaremos el viaje y cómo son las mejoras que ha introducido la empresa adjudicataria para hacerse con el contrato.
Un nuevo revés debido a una sorprendente decisión del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales o algún retraso más por otra inesperada circunstancia en la adjudicación del contrato de navegación marítima obligaría a desenmascarar de una vez por todas al gafe que impide que el proceso se complete. No hay duda de sobre quién se fijarían casi todas las miradas en busca del cenizo aguafiestas.
