Españoles y de Ceuta o Melilla es el perfil de un 34,7% de los presuntos yihadistas detenidos durante el año 2024, según recoge el diario El Mundo haciéndose eco del informe anual elaborado por Observatorio Penitenciario Yihadismo, que ha presentado la Fundación Athena, la entidad de estudios de ACAIP-UGT, sindicato mayoritario en las prisiones.
El análisis de referencia establece la especial causística de las dos ciudades españolas para abonar vínculos con el Daesh. "Se trata de un escenario muy particular. Son ciudades pequeñas en las que es muy fácil coincidir en los sitios de referencia y ahí empiezan los procesos de radicalización que les traen a las prisiones", explica uno de los expertos del sindicato.
En total fueron arrestadas 81 personas en las operaciones desarrolladas tanto por la Guardia Civil como por la Policía Nacional. De ellas, solo 33 terminaron ingresando en prisión y dos (ambos ceutíes) eran reincidentes. Se trata de Hamed Abderrahamán Ahmed, al que los medios españoles bautizaron como el 'talibán español' tras conocerse que era uno de los 598 presos de la base de Guantánamo (Cuba) e Ilias M., cuando todavía se encontraba en libertad vigilada tras recibir una condena de cuatro años y ocho meses por integrar la red propagandística del autodenominado Estado Islámico (ISIS, por sus siglas en inglés).
Sin embargo, la mayoría de los que ingresaron en prisión en 2024 por este tipo de delitos era de nacionalidad marroquí, con casi el 35% de todos los detenidos. Otro dato que aporta el dossier es que hubo una única mujer detenida y encarcelada frente a las cinco que fueron llevadas a prisión en 2023.
Entre las tipologías delictivas de los presos preventivos por yihadismo, destacan las conductas relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo, el adoctrinamiento, la autorradicalización y la financiación. También hubo un caso de amenazas y daños.
Solo el 6,06% de los presos se consideraron como integrantes de organización terrorista y el 18,18% de los detenidos ingresaron en prisión por colaboración con organización terrorista. El 63,63% participaba en actividades de adoctrinamiento, autoadoctrinamiento, captación o enaltecimiento del terrorismo.
La Policía Nacional y de la Guardia Civil ejecutaron durante el pasado año 33 dispositivos, que se saldaron con 81 presuntos terroristas detenidos. Estos funcionarios de seguridad se enfrentan fundamentalmente a captadores o a personas que sirven de altavoz para el Daesh.
En cuanto al por qué de los 81 personas arrestadas sólo entraron en prisión 33, Salvador Berdún, funcionario de prisiones, autor del ensayo 'Violencia Política y Régimen Penitenciario en España' (Tecnos) y director del Centro de Estudios de ACAIP, diferencia entre la acción policial y la judicial.
"En las operaciones policiales, el nivel de riesgo que representa una persona para ingresarlo en prisión preventiva está basado en el peligro de fuga o la posibilidad de que vuelva a delinquir. El juez aplica con prudencia el instrumento de la prisión provisional". En definitiva, "las policías hacen su labor de forma más preventiva, y los órganos judiciales necesitan certezas para condenar".
