De espaldas a Melilla

Melilla se encuentra en una situación delicada. Nuestro futuro está en juego. Ya empezó a visualizarse esta situación con el estrangulamiento de Marruecos en la frontera.

Fue entonces cuando Melilla empezó a gritar confiando en que sus lamentos se escucharan y calmaran en Madrid. Se les dijo que la economía se tambaleaba, que el coladero de la frontera provocaba un incremento nunca visto de inmigrantes marroquíes y argelinos, pero sobre todo de menores... se les instó, simplemente, a que como Gobierno de la Nación girarán la cabeza hacia este lado para comprobar que Melilla empezaba a sentir una asfixia y requería ayuda.

Pero lejos de eso, Madrid nos ingnoró y optó por dar la espalda en todos los sentidos, materializando su gesto más insultante al negar la inyección de 14 millones que corresponde a Melilla pero le ha sido negada. Siguió con el bloqueo de la frontera, con la falta de inversiones... como si se hubiera escrito un relato en el que Melilla quedaba desatendida, sometida al más puro olvido sin que nadie acierte a dar una respuesta convincente.

Porque aquí lo único que se ha hecho es marear la perdiz por parte del PSOE y de la Delegación del Gobierno, que son quienes tienen hilo más directo con el Gobierno de España para exigirles, como defensores de los derechos de los melillenses que deben ser, una explicación convincente.

Ante esta situación de extrema necesidad, en una Melilla en la que el número de familias en necesidad aumenta y en donde el futuro es incierto, el Gobierno local ha puesto toda la carne en el asador ofreciendo un Plan de Contingencia ante la crisis económica que vendrá una vez se supere la pandemia de coronavirus, medidas económicas a fondo perdido para que cientos de negocios no tengan que cerrar, asumiendo el control sobre problemas que no son competencia de la Ciudad sino de un Estado que ha optado por desaparecer.

Lo que no se entiende es a qué se debe esta actitud. Melilla es España y Melilla debe recibir el mismo tratamiento del Gobierno de España que el resto de comunidades. Es un derecho constitucional, una obligación de un presidente de todos los españoles que debe mirar hacia aquí y atender como se debe a los ciudadanos.