Las dos formaciones políticas aseguran que se atenta contra los derechos de estas personas, que no han sido identificados y por tanto no se sabe si iban a pedir asilo.
Equo y el Partido de los Populares en Libertad (PPL) denunciaron ayer, que la entrega a Marruecos de los 73 inmigrantes de la Isla de Tierra vulnera la ley y atenta contra los derechos.
En sendos comunicados, las dos formaciones políticas resaltaron que el procedimiento empleado para la expulsión no respeta la Ley de Extranjería, que establece la necesidad de comprobar la identidad de los inmigrantes y el país del que proceden, por si pueden pedir una solicitud de asilo.
El secretario general de PPL, Alberto Weil, comparó la devolución de los subsaharianos con el caso de Iosu Uribetxebarria Bolinaga, en el que el Gobierno se ha amparado en el cumplimiento de la ley.
“Si a Bolinaga se le aplica la ley, ¿por qué no se ha iniciado un expediente administrativo de expulsión con las debidas garantías de asistencia letrada y recursos como a todos los inmigrantes ilegales que llegan a Melilla?”, preguntó.
En opinión de Weil, “el Gobierno marroquí no reconoce a Melilla como soberanía española al no aceptar la devolución de centroafricanos por la frontera de la ciudad”, y recriminó que el PP rechazara la moción de los populares “conducente a proteger las islas Chafarinas y los peñones bajo el estatuto de autonomía incorporándolo a la provincia de Melilla”, pues de haberse aceptada, según explicó, “no existiría esta situación de alegalidad en parte de nuestro territorio español”..
Weil arremetió igualmente contra el delegado del Gobierno, Abdelmalik El Barkani, a quien acusó de “mentir” al difundir una “colaboración magnífica” del Gobierno marroquí y culpar exclusivamente a las mafias de la llegada de inmigrantes ilegales a los islotes.
“De ser cierta tanta colaboración –explicó en el comunicado–, ¿por qué permite que lleguen hasta la valla para luego repelerlos?”, cuestionó el dirigente de Populares en Libertad, a la vez que se preguntó si se ha producido alguna detención en Marruecos de integrantes de esas mafias.
Para Weil, “es indigno hablar del reparto de seres humanos” y argumentó que “esta situación fuera de la ley implicaría un precedente para los inmigrantes que ya se encuentran en nuestra ciudad” y por ello ironizó preguntando que “por qué no reparten a los que ya se encuentran en el CETI de Melilla”. Además pidió explicaciones de cómo y en base a qué se hizo el “reparto” de personas.
Por su parte, Equo señalado que el Gobierno deberá explicar si a los peñones e islotes “se les ha rebajado el nivel de soberanía”, habida cuenta de que no se ha aplicado en uno de ellos las normas habituales que imperan en el resto del Estado.
Ocupación del consulado español
El presidente nacional de la Liga Española Pro Derechos Humanos, Francisco José Alonso, hizo ayer un llamamiento al Gobierno español, a través de un comunicado de prensa, para que “bajo ningún concepto permitan a las autoridades marroquís que entren en el Consulado de España en Agadir, ocupado por jóvenes saharauis para que sean entregados a estas autoridades.
Según advirtió Alonso, “sus vidas pueden peligrar”, motivo por el cual desde la asociación solicitaron “que se respeten los Derechos Humanos, se cumplan las Resoluciones emanadas de Naciones Unidad sobre el Sahara Occidental”. Los jóvenes aceptan ser enviados a España, según indicó la organización.
