Entrar en las regiones ultraperiféricas no va a ser tarea fácil para Ceuta y Melilla. Aunque el presidente del Gobierno anunció el pasado jueves en el Congreso que se solicitará a la Unión Europea que las dos ciudades sean reconocidas como tales, lo cierto es que se trata de un procedimiento largo y complicado por cuanto que se requiere no solo la reforma de los tratados comunitarios sino el consenso unánime de los 27 países miembros, según ha señalado el digital El Español.
Pedro Sánchez defendió ante la Cámara Baja que había llegado la hora de "subsanar" la falta de ambición con la que Ceuta y Melilla quedaron fuera de la unión aduanera cuando España ingresó en la UE, con el objetivo, dijo, de lograr una "integración plena" de ambas ciudades autónomas.
La Unión Europea reconoce en la actualidad únicamente nueve regiones ultraperiféricas (RUP): las Islas Canarias, por parte de España; Madeira y las Azores, por Portugal; y seis territorios franceses de ultramar (Martinica, Mayotte, Guadalupe, la Guayana Francesa, la isla de la Reunión y San Martín). Este estatus, recogido en los artículos 349 y 355 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), otorga ventajas fiscales y ayudas especiales a territorios que se encuentran en "zonas muy alejadas del globo" y que reúnen condiciones de lejanía, orografía, clima insular o dependencia económica de pocos productos, según recoge El Español citando al Parlamento Europeo.
El portavoz de política regional de la Comisión Europea respondió el mismo jueves al anuncio de Sánchez recordando que el artículo 349 del Tratado solo beneficia hoy a esos nueve territorios, aunque admitió que España "puede, en cualquier momento, solicitar cambiar el actual estatus de Ceuta y Melilla".
El precedente más citado para este tipo de cambios es el de Mayotte, que pasó de ser territorio europeo de ultramar a región ultraperiférica de pleno derecho en 2014, después de que el entonces presidente francés dirigiera la solicitud al Consejo Europeo en octubre de 2011. El trámite se resolvió en menos de un año.
Sin embargo, el eurodiputado Jordi Cañas, que en 2022 presentó un informe sobre la posibilidad de extender el reglamento RUP a las ciudades autónomas, advierte de que esa "vía rápida" solo está prevista para territorios que ya tienen la consideración de "ultramar", categoría en la que no se encuentran Ceuta y Melilla. Por eso, explica, antes habría que reformar el Anexo II del TFUE y, dado que las dos ciudades no cumplen los criterios habituales de insularidad, clima adverso y lejanía, sería necesario un "replanteamiento" completo de la categoría.
Ese proceso pasaría por la presentación de un proyecto de reforma, su validación por el Consejo Europeo, la Eurocámara, la Comisión y los parlamentos nacionales, y una posterior Convención con representantes de los 27 Estados miembros. Si se aprobara por unanimidad, llegaría una Conferencia de los Gobiernos para pactar los cambios al Tratado, que no entrarían en vigor hasta que todos los parlamentos nacionales los ratificaran conforme a sus respectivas constituciones.
El debate no es nuevo ni exclusivo de España: el nacionalismo corso reivindicó hace una década ante la UE un estatus similar, y en 2019 el Gobierno balear se sumó a Córcega y Cerdeña para reclamar condiciones equivalentes por motivos de equidad.
En España, el diputado ceutí del PP Javier Celaya pedía en mayo un trato equivalente al de las RUP en el acceso a fondos europeos, aunque sin exigir necesariamente el reconocimiento pleno. La exportavoz de Coalición Canaria Ana Oramas se mostró más crítica: sostuvo que Ceuta y Melilla no reúnen las condiciones de aislamiento ni lejanía exigidas, que haría falta modificar también la Constitución, y se preguntó por qué habría de aplicarse este cambio a las dos ciudades autónomas y no a otros territorios como Lampedusa, Córcega o Groenlandia.
