El Ilustre Colegio de Abogados de Melilla concluyó ayer la semana de actos en honor a Santa Teresa, su patrona. El broche de oro a estos días de actividades para los juristas lo puso la entrega de medallas a algunos de sus colegiados más ilustres, como es el caso de Pedro Luis Olivas Cabanillas, quien es decano honorario del colegio, y Sebastián Alcalá García, exvicedecano de los letrados melillenses.
El acto sirvió asimismo para reconocer la labor de los abogados que han alcanzado los 25 años de ejercicio profesional, quienes tienen mucho que enseñar a los nuevos letrados que ayer presentaron su juramento o promesa como miembros de la institución de la abogacía local.
El decano del Colegio de Abogados, Blas Jesús Imbroda, fue el encargado de imponer todas las medallas y condecoraciones. Entre los galardones destacó la medalla de oro del Ilustre Colegio de Abogados al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), premio que recogió en persona su responsable en España, Francesca Priz-Prguda.
En su discurso, el decano destacó que los abogados y Acnur “levantan su voz” a favor de los ciudadanos, algo que hacen “continuamente” ante las trágicas situaciones que viven muchas personas.
En su intervención de agradecimiento del premio, Francesca Priz Prguda hizo un repaso a la actualidad de la cuestión de los refugiados y solicitó a las autoridades la toma de medidas para mejorar el trabajo realizado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). La responsable de Acnur en nuestro país subrayó que el centro debe ser “reconceptualizado” con mecanismos “más rápidos”.
Se refería a que todos los refugiados “pidan o no asilo”, tengan una estancia breve en el CETI y sean trasladados con prontitud a la península.
La petición de Francesca Priz Prguda es razonable teniendo en cuenta el cargo que ejerce. Sin embargo, se desconoce hasta qué punto sería posible llevarla a cabo.
En el acto también intervino el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez Vázquez, quien afirmó que “no es sencillo” proteger la frontera y al mismo tiempo acoger a los refugiados que van llegando a la ciudad. Una afirmación que también tiene mucho de verdad.
También es cierto que la política migratoria exige una actuación común por parte de todos los Estados miembros de la Unión Europea, es decir, que los socios comunitarios sean conscientes de los esfuerzos que hacen los países de acogida y que ayuden a financiar la ayuda a los refugiados. Con una auténtica política común europea será posible defender a esos refugiados que también son ciudadanos.
