En Estrasburgo

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks, instó ayer a España a cambiar las leyes para “salvaguardar el derecho al asilo”.

Esta petición la hizo a través de un escrito enviado a la Corte Europea de Derechos Humanos y está relacionada con la demanda interpuesta contra nuestro país por dos inmigrantes procedentes de Mali y de Costa de Marfil, que fueron expulsados a Marruecos tras saltar la valla que nos separa del país vecino en agosto del año pasado.
El escrito enviado por el Consejo de Europa al Tribunal de Estrasburgo reabre la polémica en torno a la irregularidad de las ‘devoluciones en caliente’.
Según el comisario europeo de Derechos Humanos, esta “práctica establecida” (las devoluciones sumarias) se realiza al margen de las leyes europeas, aunque al amparo de la modificación que el Gobierno de Rajoy hizo en marzo pasado a la Ley de Seguridad Ciudadana tras la imputación de altos mandos de la Guardia Civil de Melilla y de agentes del Instituto Armado.
Para el comisario Muiznieks las devoluciones sumarias y colectivas se saltan el derecho al asilo. Eso ya lo dijo tras su visita a Melilla en enero pasado y ahora lo reitera ante el Tribunal Europeo de Estrasburgo ya que el Convenio Europeo de Derechos Humanos le concede potestad para intervenir en las demandas ante la Corte.
Aquí tenemos dos posturas enfrentadas. Por un lado, España dice que todo el que salte la valla será devuelto “en frontera” para que pida asilo en los puestos fronterizos habilitados. Por el otro, Europa insta a nuestro país a que dé la posibilidad de pedir asilo a los inmigrantes que saltan la valla en el momento en el que la saltan.
Pero esa posibilidad sólo la tienen sobre el papel. En la práctica ningún inmigrante de raza negra logra burlar el blindaje marroquí para acercarse a la oficina de asilo de Beni Enzar. España lo sabe, pero no hace nada para corregirlo. Es problema de Marruecos, nuestro inestimable colaborador.
Todo apunta a que el Gobierno de Rajoy no dará marcha atrás en la legalización de las devoluciones en caliente. El PSOE ya ha adelantado que lo hará si gana el 20-D; C’s dice que no quiere más vallas ni concertinas y Podemos que las quitará.
Pero una cosa es prometer y otra cumplir. Sería una pena que se le siga negando el derecho a la protección internacional a personas que necesitan asilo hasta que se pronuncie el Tribunal de Estrasburgo o cambie el Gobierno. Una decisión en contra de España, dejaría a nuestro país por los suelos y a Melilla, como la cuna de una gran injusticia.