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En busca de soluciones han venido a Melilla los participantes en el seminario ‘Los fenómenos migratorios y la política de migración de la UE: Reflexión analítica y perspectivas dentro del diálogo europeo’.
Se trata de una iniciativa en la que ha tomado parte la Asociación Europea para los Asuntos de los Trabajadores (EZA), que ha traído a la ciudad a personas implicadas en esta materia de diferentes Estados miembros.
Precisamente, el presidente de esta entidad, Barth Pronk, atendió ayer a los medios y trató un tema que, desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, está muy de actualidad: la utilidad de los muros para frenar la inmigración.
Partiendo de la base de que las realidades que se viven en la frontera entre Estados Unidos y México y las que se dan en la linde que separa Melilla y Ceuta de Marruecos son totalmente diferentes, Pronk destacó que “no hay elección” a la hora de mantener la alambrada que separa las ciudades españolas del territorio marroquí.
Eso sí, dejó bien claro que esta valla tiene que tener ‘puertas’ que permitan garantizar los derechos de las personas que llegan, al tiempo que se respeta a las que viven en el territorio que las recibe.
Del mismo modo, el presidente de la EZA resaltó que España ha dado pasos en los últimos años para intentar garantizar una inmigración ordenada a la vez que se respetan las garantías fundamentales de las personas que, por sentirse perseguidas o por una situación económica adversa en su país, migran.
Es sin embargo necesario que se aclare del todo la legalidad, a nivel internacional y de derechos humanos, de las políticas que se aplican en la frontera, en concreto, la de los rechazos en frontera.
Es más que habitual que cuando se produce un salto a la valla, organismos como el Consejo de Europa, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) o el Defensor del Pueblo denuncien expulsiones sumarias sin garantías (como asistencia sanitaria o letrada) para los inmigrantes.
Es por ello que, antes de que organismos europeos tomen como ejemplo la gestión migratoria de Melilla y Ceuta, las instituciones de la UE deben implicarse en la situación que se vive en las ciudades y analizar las denuncias para que no quede la más mínima sombra de duda sobre la legalidad de las políticas migratorias que se aplican.
