Empresarios y sindicatos insisten en derogar el Real Decreto 1/2023

El vicepresidente de la Confederación de Empresarios de Melilla (CEME-CEOE), Chakib Mohamed, y los secretarios generales de Comisiones Obreras (CCOO) y la Unión General de Trabajadores (UGT) en la ciudad autónoma, Francisco López y Javier Valenzuela, respectivamente, convocaron ayer una rueda de prensa conjunta para emitir un “SOS” y pedir, de esta forma, que el próximo -y último- Consejo de Ministros de esta legislatura, que se celebrará la próxima semana, derogue el Real Decreto 1/2023, de 10 de enero, que suprime el sistema de bonificaciones del 50% a la Seguridad Social de las empresas de Melilla y Ceuta para sustituirla por una cuota fija al mes.

Mohamed insistió mucho en que esa bonificación resulta “importantísima” para las empresas de las ciudades autónomas y, aún más, en que, sin dicha bonificación, costará mucho trabajo que las compañías locales puedan sobrevivir, incluso aunque se modificara unos meses más tarde, y que también es “de vital importancia” para mantener el poder adquisitivo de los empleados de dichas empresas, que perciben un porcentaje de la subvención.

Meses de insistencia

Mohamed insistió en que llevan siete meses instando al Gobierno a derogar la ley -y mencionó, por ejemplo, una carta enviada desde la CEME de Ceuta a la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, enviada el pasado día 16 de marzo- y que lo que se les ha comunicado es que no se va a llegar a aplicar, pese a lo cual mantienen su preocupación porque, teóricamente, en septiembre entrará en vigor y no hay mucho tiempo una vez se realicen las elecciones generales del 23 de julio.

También han mantenido durante este tiempo diversas reuniones con la Delegación del Gobierno, por ejemplo, el 22 de mayo y el 23 de junio, e igualmente se les informó de que no se iba a aplicar, pero Mohamed incidió en que el límite para la puesta en marcha de esta medida y no poder la bonificación es el próximo día 1 de septiembre y que, aun cuando meses más tarde, en enero o febrero, se modificara nuevamente, el daño sería muy grande y podría provocar incluso la desaparición de aquellas empresas que no puedan afrontar el gasto.

En este sentido, el vicepresidente de la CEME quiso recordar que las condiciones de las empresas en Melilla no son iguales a las que puedan tener en la península, especialmente por lo que cuesta el transporte de mercancías a la ciudad autónoma, por lo que quiso insistir en la necesidad de derogar la norma en el Consejo de Ministros antes de los comicios.

De hecho, Mohamed indicó que, ante esta situación, se encuentran “muy preocupados” ante lo que pueda suceder si se deroga esta bonificación y las consecuencias que pueda tener para la economía de Melilla y no dejó pasar la ocasión para realizar un nuevo llamamiento a la delegada del Gobierno, Sabrina Moh, para que medie en este caso, dado que, dijo nuevamente, “tres o cuatro meses sin ayudas pueden provocar el cierre de empresas”.

A todo ello se le suma que Melilla, al contrario de lo que está sucediendo en el resto de España. no se está recuperando, en su opinión, de la crisis provocada por la pandemia de covid-19, primero, y por la guerra de Ucrania, después, al mismo tiempo que los otros territorios del país, por lo que esta situación preocupa, según dijo, tanto a los empresarios como a los trabajadores.

Un pacto de Estado

López calculó en un ocho por ciento -una cantidad que puede llegar a 170 euros en un sueldo de 1.700 euros mensuales- el salario que pueden perder los trabajadores a partir del día 1 de septiembre y abogó, en primer lugar, por establecer un pacto de Estado que permita a las ciudades autónomas conservar sus peculiaridades en lo que se refiere a las ventajas fiscales.

Aún más, el líder de CCOO en la ciudad autónoma citó el artículo 26 del Estatuto de Autonomía de Melilla -Ley Orgánica 2/1995, de 13 de marzo-, para que el nuevo Gobierno de la Ciudad tome cartas en el asunto, dado que en el texto se especifica que “la Ciudad de Melilla, mediante acuerdo de su Asamblea, podrá proponer al Gobierno la adopción de las medidas necesarias para modificar las leyes y disposiciones generales aplicables, al objeto de adaptarlas a las peculiaridades de la ciudad”.

Para López, por tanto, se trata de una responsabilidad de todos, y principalmente de los partidos políticos tanto nacionales como locales, y lamentó que ningún integrante del Partido Popular (PP) ni del PSOE se opuso a la normativa cuando se tramitó su aprobación en las Cortes Generales.

Y es que la normativa se aprobó porque es válida para toda España, pero lamentó que los políticos que representan a Melilla en las Cortes no se opusieron en el debate ni recordaron las especificades que se dan en la ciudad autónoma.

Así, para él y en conclusión, si se llega a poner en funcionamiento esta ley orgánica, se perderá poder adquisitivo. Si a ello se le suma el encarecimiento de los precios, el resultado de todo ello será, lamentablemente, un empobrecimiento de la ciudad y de sus habitantes.

Un frente común

Por su parte, Valenzuela, quien dijo que el sindicato que comanda ha defendido desde el primer día la necesidad de la bonificación para las empresas y sus trabajadores de la ciudad autónoma, hizo hincapié en que los principales perjudicados por el cambio de estatus serán los trabajadores, por lo que sugirió hacer un “frente común” para evitar que esto suceda y se pueda seguir asignando toda la bonificación.

En última instancia, Valenzuela aprovechó para reclamar que el reparto de estas bonificaciones se realice de una manera más equitativa entre los empresarios y los trabajadores, quizás, en un 80 y un 20 por ciento, respectivamente.

Del 50 por ciento a 262 euros mensuales

El Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, cambia la bonificación de las cuotas a la Seguridad Social del 50 por ciento actual a 262 euros al mes. “Las empresas (...) dedicadas a actividades encuadradas en los sectores de agricultura, pesca y acuicultura; industria, excepto energía y agua; comercio; turismo; hostelería y resto de servicios, excepto el transporte aéreo de ala fija, construcción de edificios, actividades financieras y de seguros y actividades inmobiliarias, así como en otros sectores o ámbitos de actividad que se determinen legalmente, en las ciudades de Ceuta y Melilla, con cuentas de cotización asignadas a dichas empresas en las que tengan personas trabajadoras con contratos indefinidos que presten actividad en las referidas ciudades, tendrán derecho a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 262 euros/mes durante la vigencia de los contratos”.