A finales de noviembre hicimos una ronda entre los empresarios históricos de la hostelería en Melilla y los empresarios consultados coincidían en aplaudir el buen ritmo de la recuperación económica, lo que les animaba a aguantar hasta enero o marzo para empezar a ajustar los precios de las cartas, tapas o menús de acuerdo con la subida que vienen asumiendo desde que cerró la frontera con Marruecos. Eso los obligó a encargar mercancías (más caras) a proveedores de la península.
Sin embargo, la cosa marchaba en noviembre esperanzadoramente bien en el sector de la restauración, sobre todo, los fines de semana y, especialmente, si había alguna actividad cultural programada en el centro.
Los hosteleros tenían un buen número de reservas hechas con tiempo para celebrar cenas y comidas de Navidad de empresas y también familiares. Pero llegó el paulatino incremento de los casos de coronavirus al punto de que hoy estamos en riesgo alto. Esto ocurre, entre otras razones que seguro habrá, porque somos la autonomía con menos porcentaje de vacunados con pauta completa sobre el total de la población registrada en el INE. Nadie está peor que nosotros y tenemos que preguntarnos el porqué y, por supuesto, interiorizar la respuesta.
Casi de inmediato vino la desastrosa implantación del pasaporte covid de un día para otro y la recomendación de la Consejería de Salud Pública de suspender las comidas y cenas de Navidad porque no es el momento de grandes reuniones.
Esa recomendación llega en el puente más largo del año, con las neveras de los bares llenas hasta la bandera de productos perecederos a los que hay que dar salida o se convertirán en pérdidas contantes y sonantes. Nadie, de momento, ha hablado de compensar nada.
Como es natural, muchos melillenses han seguido a pie juntillas la recomendación de Salud Pública y otros sencillamente han desistido de acudir a un bar si tienen la obligación de mostrar información sanitaria privada.
Como resultado se han cancelado muchas cenas de Navidad y esto ha hecho un roto a conocidos establecimientos de la ciudad en los que hasta el 50% de las reservas eran de empresas, trabajadores o familias que querían comer o cenar juntos antes de las fiestas.
De hecho, el fin de semana fuerte iba a ser el del 16 de diciembre. Ahora no sabemos si lo será. La Asociación de Hosteleros ha sido clara: son pérdidas inasumibles.
¿Y por qué pasa esto? Porque tenemos un Gobierno que no piensa en el empresariado. ¿Cuántas facturas hay sin pagar? ¿Cuántos contratos están a la espera de un informe? ¿Cuántos ha rechazado la Intervención municipal?
Pongo por ejemplo el caso del contrato de socorrismo. La Ciudad afea a la empresa que no sea lo suficientemente solvente como para soportar un impago. Y la empresa no paga a sus trabajadores porque no tiene con qué. Al final, las consecuencias las asumen los eslabones más débiles de la cadena.
Parafraseando a los hosteleros melillenses, es inasumible que la Administración, por norma, exija solvencia a una empresa que quiera hacerse con un contrato público, no porque esté pensando en que se puede dar el caso puntual de un retraso en el pago sino porque da por hecho que ese retraso se producirá y de alguna manera obliga a los pequeños y medianos empresarios españoles a que adelanten dinero a la Administración que, como todos sabemos, siempre paga... por las buenas o por las malas.
Pero no hablamos de pagar sino de cumplir. Esa demora, que está asfixiando a nuestros pequeños y medianos empresarios, responde en muchos casos a la escasa formación y a la ineficiencia de los gestores que elegimos.
Les votamos porque hablan bien, porque nos enamoran con su discurso, pero al final resulta que no saben absolutamente nada de contratación, de hecho, alguno ha reconocido en el juzgado que no conoce la ley de contratación pública, y encima no son capaces de colocar en su círculo de asesores a una persona que supla esa debilidad.
En su lugar, dejan que corra la lista del partido y esto se convierte en un círculo de vicioso y los partidos, por tanto, se convierten en agencias de colocación de parados sin oficio ni beneficio y sin experiencia ni futuro en el mercado laboral.
Ahí está el ejemplo del contrato de subvención a la Comunidad Islámica, que se hizo saltándose el visto bueno del secretario del Ayuntamiento. Con una alegría que ofende, desde el Gobierno nos dicen que fue un error administrativo sin mayor trascendencia y que se resolvió inmediatamente.
Llevan dos años y medio gobernando y todavía no conocen el procedimiento para la concesión de subvenciones. Volvemos a lo que decimos siempre, esto de gobernar no era tan fácil. O lo que es lo mismo: no todo el mundo está preparado para ser gestor público.
Isabel Díaz Ayuso ganó las elecciones en Madrid y la simpatía de media España porque apostó por echar una mano a las empresas del sector servicios cuando todo el mundo les dio la espalda. Aquí, lejos de pedir precaución, cautela y, sobre todo, vacunación, animamos a los melillenses a que den plantón a los hosteleros. Y si cierran los bares, que cierren. No tenemos perdón.
