El auto de Francisco Monterde ha servido para dar carpetazo al ‘Caso Abogados’ en el Tribunal Supremo. Todavía falta que la Fiscalía y la acusación popular (Asociación Libre de Abogados y Manos Limpias) decidan si recurren la decisión del magistrado.
Sin embargo, no parece probable que vaya a ser así en el caso del Ministerio Público y, casi con total seguridad, las prácticamente nulas posibilidades de dar la vuelta al auto acabarán desanimando a las dos asociaciones.
Sí es previsible que el auto del magistrado Monterde tenga una repercusión directa en la instrucción del sumario que lleva a cabo en Melilla el juez Emilio Lamo de Espinosa. La senda jurisprudencial marcada por el Supremo, sobre todo una vez que finalice el plazo para presentar recurso y el auto sea firme, es un claro indicio de los próximos pasos que casi está obligado a dar el instructor de esta misma causa en Melilla en relación a los imputados que no tienen la condición de aforados.
Sin embargo, el ‘Caso Abogados’ está muy lejos caer en el olvido, sobre todo en el ámbito de la política local. De hecho, ayer centró las intervenciones públicas de los representantes de todos los partidos políticos con representación en la Asamblea y de alguna formación con aspiraciones a ocupar un escaño tras las elecciones del próximo mayo.
Al margen del contenido del auto y de las interpretaciones que hace cada fuerza política, lo indudable es que el caso, en lo que respecta al presidente Imbroda, se ha resuelto con una prontitud desconocida, al menos, en los tribunales de nuestra ciudad. Esto ha permitido que el cabeza de lista del PP pueda presentarse ante los electores con sus asuntos judiciales resueltos. En su caso, los votantes podrán darle o no su confianza sabiendo de antemano que no tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia. Probablemente no ocurra lo mismo con otros componentes de su lista electoral. Y mucho menos sucederá con los candidatos del principal partido de la oposición. Los cepemistas volverán a concurrir en un proceso electoral cuatro años después sin una sentencia que determine su culpabilidad o inocencia en el ‘Caso del voto por Correo’.
En peores circunstancias acuden los socialistas tras la salomónica decisión de su líder nacional, Pedro Sánchez, de eliminar de las listas electorales a cualquier candidato sobre el que un juez haya puesto la mirada. El slogan de ‘una lista electoral sin imputados ni procesados’ ha dejado en los tribunales a candidatos con derecho a la presunción de inocencia ante un juez, pero sin posibilidad de ser juzgados por los electores. Algunos, cuando cuenten con una sentencia condenatoria firme, habrán sido justamente ‘prejuzgados’ por sus jefes políticos. Otros, cuando sean absueltos, habrán sido ‘castigados’ políticamente sin un veredicto en las urnas.
Argumentos jurídicos a parte, uno de los aspectos más interesantes de la actuación del magistrado Monterde es la prontitud con la que ha resuelto judicialmente un asunto sobre el que los ciudadanos deberán decidir en las urnas y sobre el que ahora pueden deliberar y dictar un veredicto político sabiendo que el cabeza de lista del PP no tiene ninguna cuenta pendiente con la Justicia.
Lástima que no exista la misma prontitud en todos los casos, lo que, sin duda, repercutiría de manera favorable en el enrarecido ambiente político de nuestra ciudad.
