El máximo jefe de la Comandancia de Melilla considera que AUGC se “extralimita” al pedirle el documento.
El teniente coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil en Melilla, Ambrosio Martín Villaseñor, cree que la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) se “extralimita” al solicitar por escrito con “explicaciones pormenorizadas” el protocolo de actuación ante la inmigración ilegal.
“La solicitud realizada por la asociación supone una extralimitación en sus derechos representativos, ya que excede la finalidad de las asociaciones profesionales del Cuerpo, definida en la Ley 11/2007 de 22 de octubre”, asegura el teniente coronel en la respuesta enviada a AUGC el pasado día 1 de este mes.
AUGC, según consta en el documento firmado por el alto mando, pidió a la Comandancia “las directrices en el servicio de seguridad ciudadana de vigilancia e impermeabilización del perímetro fronterizo y costa, actuaciones con inmigrantes y con autores de presuntos hechos delictivos”.
En la resolución a la que ha tenido acceso El Faro, el teniente coronel de la Comandancia de Melilla también aclara a AUGC que contra la resolución por él firmada cabe recurso de alzada en el plazo de un mes ante el general jefe de la IV zona del Cuerpo con sede en Sevilla.
Recurso inmediato
La Asociación Unificada de Guardias Civiles no se ha cruzado de brazos y ya ha recurrido la resolución del teniente coronel, que entiende que solicitar la elaboración de un protocolo de actuación respecto a la inmigración ilegal es extralimitarse.
En el documento, enviado a Sevilla ayer viernes, AUGC recuerda que la finalidad “principal” de las asociaciones profesionales del Cuerpo es “la satisfacción de los intereses sociales, económicos y profesionales de sus asociados”.
La Asociación Unificada de Guardias Civiles remarca el término “principal” porque entiende, “con todo respeto hacia el mando que ha dictado la resolución contraria a la entrega del protocolo de actuación ante la inmigración ilegal”, que este teniente coronel “carece de competencia para decidir lo que es la finalidad de las asociaciones”.
Acto seguido el recurso enviado a Sevilla enumera los estatutos de AUGC que cuentan con el consentimiento del director general de la Policía y de la Guardia Civil.
Entre ellos, la asociación destaca su capacidad para “articular y vertebrar el movimiento social y asociativo de los guardias civiles para desarrollar una acción representativa en defensa de los derechos e intereses de los guardias civiles y sus familias y en relación con intereses sociales, económicos y profesionales”.
También (y lo subraya el recurso) la “realización de acciones, estudios programas, análisis y propuestas en relación con el establecimiento de normas éticas en el desarrollo de las funciones profesionales de los guardias civiles, así como el seguimiento y control de su implantación, cumplimiento y sanción”.
El recurso de AUGC insiste en recordar al mando superior de Sevilla que el artículo 31 de la Ley de Derechos y Deberes “recoge el derecho de los guardias civiles a la prevención de riesgos laborales y protección de la salud y a ser informado de sus funciones, deberes y responsabilidades”.
Con estos argumentos, AUGC “no puede comprender cómo se puede hablar de extralimitación dado que ha quedado patente que la petición realizada no excede de las funciones de las asociaciones y sus fines, toda vez que, tras un examen minucioso de los estatutos de la asociación, donde se reflejan de forma clara los fines de la misma, éstos fueron aprobados por la Administración”.
El recurso de AUGC añade que tampoco puede hablarse de extralimitación “cuando la solicitud no sólo persigue la seguridad jurídica de los agentes en sus actuaciones diarias, sino que busca al mismo tiempo que se respete y garantice otro derecho de los guardias civiles que resulta ser el de la prevención de riesgos laborales y la salud”.
Asimismo el recurso de AUGC recalca que “es de todos conocidos el número de altercados e incidentes que se producen en la frontera durante las actuaciones de los agentes (vigilancia de la valla, identificaciones, detenciones...) y que algunas originan lesiones a los guardias civiles”.
Al hilo de esta situación, la Asociación de Guardias Civiles cita en su recurso un estudio sobre los comportamientos violentos en el trabajo, que en sus conclusiones recomienda “dar a los trabajadores información adecuada y apropiada sobre procedimientos y sistemas de trabajo y establecer procedimientos de emergencia”.
Finalmente AUGC concluye en su recurso de alzada que “en Melilla deben existir protocolos de actuación y no debería ser preciso solicitarlos a la vista de los accidentes laborales que sufren los guardias civiles con motivo de agresiones y la violencia en el trabajo que se vive a diario”.
Una resolución contraria de derecho
El recurso de alzada presentado por AUGC ante el general jefe de la Zona de la Guardia Civil de Sevilla pide, en primer lugar, que se declare contraria a derecho la resolución adoptada por el teniente coronel de la Benemérita en Melilla que consideró que la petición de un protocolo de actuación ante la inmigración ilegal por parte de la Asociación Unificada de Guardias Civiles es una extralimitación de sus derechos representativos.
Asimismo solicita que se declare ajustada a derecho la solicitud del protocolo de actuación o se acuerde establecerlo.
Por último pide que a la hora de dictar resolución se solicite informe técnico de prevención de riesgos laborales y se adjunte una copia al expediente de AUGC.
Lo que desconoce el jefe de la Comandancia
La Asociación Unificada de Guardias Civiles de la ciudad criticó ayer que el teniente coronel de la Benemérita en Melilla considere que solicitar un protocolo de actuación ante la inmigración ilegal es una extralimitación de los derechos asociativos. “El jefe de la Comandancia desconoce la verdadera función de las asociaciones profesionales de la Guardia Civil”, contestan desde la asociación melillense en una nota de prensa.
Desde AUGC destacan además que el máximo responsable de la Comandancia de Melilla “no deja de sorprender a los guardias civiles” y consideran que “su ignorancia de las leyes ha quedado patente en la contestación que ha dado”.
Por eso AUGC “se ha encargado de refrescar a este responsable de la Institución cuál es la finalidad “principal” de las asociaciones profesionales”, concluye el comunicado.
