Desde que anteayer se hiciera público que la bonificación al 75% del transporte aéreo y marítimo para los residentes en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla no empezará a aplicarse de inmediato sino, como muy pronto, dentro de seis meses, Gobierno central y oposición -y Gobierno local y oposición- han empezado a tirarse los trastos a la cabeza. O, mejor dicho, a ver la pelota siempre en el tejado del otro, nunca en el propio.
Cuando el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, reconoció a una pregunta parlamentaria de la diputada de Coalición Canaria que la puesta en marcha del descuento tardaría en aplicarse -por un defecto en su inclusión en los Presupuestos Generales del Estado, según afirmó el miembro del Gobierno socialista-, las reacciones no se hicieron esperar, y ayer continuaron.
Según el presidente melillense, Juan José Imbroda (PP), “hay fórmulas administrativas para aplicar ya la bonificación al 75%”. El jefe del Gobierno local asegura que un real decreto puede ser llevado a las Cortes “en siete días”.
Por otro lado, la secretaria general del PSOE local, Gloria Rojas, aseveró que Imbroda “engañó a la gente al decir que la bonificación del 75% se aplicaría ya”.
Cuando hay algún problema, está claro que algo falla si dos partidos políticos opuestos aseguran tener razón y que la culpa es del otro. Lamentablemente esto es algo habitual. Y también lo es que los perjudicados por esos eternos desencuentros seamos los contribuyentes.
