El magistrado Francisco Monterde no ve delito en la actuación de presidente Juan José Imbroda en el ‘Caso Abogados’.
Sí señala en su auto de 19 folios la existencia de una polémica en el ámbito jurídico que no está resuelta y que, a lo sumo, podría suponer para Imbroda alguna responsabilidad administrativa. En esencia, la duda no resuelta consiste en determinar si la contratación de un abogado externo es de carácter administrativo o es de naturaleza civil. En caso de que la primera opción sea la correcta, no se respetó el proceso contemplado en el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. En cambio, si la segunda posibilidad es la acertada, se actuó correctamente siguiendo una práctica habitual en Melilla desde los años 70 que está amparada por la Ley Orgánica del Poder Judicial.
En cualquier caso, siguiendo uno u otro camino, el presidente podría haberse visto en la misma situación de tener que comparecer como imputado ante el Tribunal Supremo para dar explicaciones. Y en ambas situaciones, según se deduce del auto del magistrado Monterde, Imbroda hubiera quedado eximido de cualquier responsabilidad en el ámbito penal ya que “la disparidad de criterios sobre las normas jurídicas y el procedimiento aplicable eliminan los indicios de una posible prevaricación”.
Además, continúa el magistrado, en la actuación del presidente no se observa un proceder “arbitrario ni injusto” ni un comportamiento contrario a Derecho de forma “patente, grosera, evidente, flagrante y clamorosa”.
En definitiva, el Supremo no ve delito por ninguna parte en la intervención de Imbroda. El magistrado Monterde dispone “el sobreseimiento libre del caso por no ser los hechos constitutivos de infracción penal” y determina el archivo de las actuaciones. No se pronuncia sobre si la contratación del abogado externo es de carácter administrativo o es de naturaliza civil porque no le corresponde a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo resolver esa cuestión jurídica.
Sin embargo, a pesar del contundente auto del magistrado Monterde, el ‘Caso Abogados’ está muy lejos de quedar definitivamente ‘archivado’, al menos en el ámbito de la política local. Con la campaña electoral a la vuelta de la esquina, estos 19 folios del Tribunal Supremo están llamados a dar mucho juego, sobre todo después del calvario político que ha supuesto para el presidente Imbroda conseguir este pronunciamiento favorable. Desde ayer, el cabeza de lista del PP puede decir que no planea sobre su candidatura el peso de una imputación judicial. Y además, ese auto puede servir como un importante argumento de carácter jurisprudencial para liberar de la misma carga a varios miembros de su Ejecutivo que soportan su particular ‘vía crucis’ en el ámbito de la Justicia local. Sin duda, el auto del magistrado Monterde determinará las próximas decisiones que Emilio Lamo de Espinosa, titular del Juzgado Primera Instancia e Instrucción número 2, adopte sobre otros políticos y funcionarios que están imputados por los mismos hechos por los que hasta ayer lo estaba también el presidente Imbroda.
El ‘Caso Abogados’ está a punto de pasar página en los juzgados para empezar a hacer correr ríos de tinta en el ámbito de la política local. Sin duda, no perderá protagonismo, al menos, hasta las elecciones del próximo 24 de mayo.
