El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha defendido el modelo Muface frente al informe del Ministerio de Sanidad en el que se afirma que se trata de un sistema "insostenible" y recomienda que la mutua desaparezca, lo cual supondría que más de un millón y medio de funcionarios públicos pasarán a la Seguridad Social en un plazo de nueve meses.
Además, la organización ha puesto de manifiesto la "incertidumbre" que existe actualmente para los más de 70.000 policías nacionales que hay en España, a los que hay que sumar también sus respectivas familias "que desconocen el futuro de sus tratamientos".
El SUP entiende que la ministra de Sanidad, Mónica García, "deja sin opción a la negociación al Ministerio de Función Pública y a las aseguradoras privadas que decidieron no concurrir al concurso sanitario, quedando desierto tras su última reunión".
"Debemos recordar que este concierto está ahorrando al erario público cerca de 800 millones de euros, pero la cifra pagada por la Administración, resulta inviable para las aseguradoras prestadoras del servicio. El trasvase de pacientes sería inasumible por parte del sistema público de salud, ya que supone la absorción de cerca de un millón y medio de nuevos usuarios en un lapso temporal de 9 meses", explica.
Esta organización sindical ha manifestado que lleva años denunciando que urge acabar con la "situación de incertidumbre" para los mutualistas y cerrar la negociación dentro de un marco que sea favorable para las arcas públicas, "pero que ofrezca a las aseguradoras un umbral de certidumbre suficiente para poder asumir los costes del concurso sin entrar en pérdidas y dando continuidad y estabilidad al servicio sanitario de todos los funcionarios afectados, así como del resto de ciudadanos que se verían afectados por una saturación de la Sanidad Pública que ya está especialmente sobrecargada".
Insiste el SUP en que los servicios que se ofrecen a través de las compañías asistenciales "no cumplían con los parámetros de calidad establecidos, como tampoco lo hacen con las prestaciones que están obligadas a ofertar conforme a lo recogido en la Cartera Nacional de Servicios y los conciertos sanitarios, que la financiación era insuficiente y que por parte de las compañías sanitarias llegaría el momento que dijeran que no querían seguir prestando sus servicios porque ya no les resulta una oferta atractiva y no soportan las pérdidas, como así ha sucedido finalmente".
Desde el SUP insisten en que el ahorro de esos 800 millones, ofrece un buen margen de maniobra en la negociación entre ambas partes, toda vez que la Administración "destina partidas mucho mayores para cosas mucho menos importantes que la salud de miles de policías nacionales y del resto de funcionarios de la AGE afectados por el fracaso de esta crucial negociación".
Los miembros del SUP estarán alertas sobre las decisiones del Gobierno y se preparan para llevar adelante "cuantas medidas sean necesarias para encontrar solución y estamos dispuestos a movilizarnos a nivel nacional frente a un atropello, esta vez, contra la salud de los funcionarios de Policía Nacional y sus familias", concluye.
