El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha celebrado este jueves la aprobación, por parte del Parlamento Europeo, de un informe que respalda una de sus principales reivindicaciones: que las agresiones a policías sean consideradas “eurodelitos” y que los agentes sean reconocidos como profesionales de alto riesgo en toda la Unión Europea.
Este avance institucional representa, para el sindicato mayoritario de la Policía Nacional, un “paso simbólico pero contundente” hacia una protección efectiva de quienes ejercen funciones de seguridad pública. Una propuesta que el SUP impulsó hace más de tres años en Bruselas, en febrero de 2022, cuando presentó ante la Eurocámara un informe con estas mismas peticiones, respaldado por la eurodiputada Maite Pagazaurtundúa.
En ese momento, el SUP, en el marco de la Plataforma por una Jubilación Digna y la Plena Equiparación Salarial, fue pionero al trasladar a las instituciones europeas la necesidad de un reconocimiento jurídico y social acorde al riesgo que implica ser agente de policía. Entre sus demandas figuraban también la aplicación de coeficientes reductores para una jubilación anticipada y la exigencia de que se cumplieran íntegramente los compromisos adquiridos en materia salarial con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Ahora, con la aprobación del informe por parte de la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, se plantea una posible reforma del marco jurídico comunitario para que las agresiones a policías se incluyan en el catálogo de “eurodelitos”, donde ya figuran el terrorismo, la trata de personas o el narcotráfico. No obstante, el proceso legislativo no será sencillo. Desde la propia Comisión Europea ya se ha advertido sobre los obstáculos jurídicos que presenta esta iniciativa, dado que los “eurodelitos” deben tener un componente transfronterizo que no siempre se da en las agresiones individuales a agentes.
Aun así, los eurodiputados piden avanzar hacia un marco común de protección que incluya medidas laborales y sociales específicas para policías, militares y funcionarios de prisiones, reconociéndolos como trabajadores de alto riesgo. Entre las propuestas destacan planes de jubilación anticipada, protocolos de salud mental adaptados a su actividad y mejoras en las coberturas económicas y de seguridad.
El informe, además, ha sido aprobado con dos enmiendas polémicas: una de ellas critica la gestión del Gobierno español tras la muerte de dos guardias civiles en Barbate, y la otra denuncia la falta de transparencia en la investigación posterior. Estas enmiendas, que generaron un intenso debate político, también reflejan el creciente interés de las instituciones europeas por la situación de las fuerzas de seguridad en España y las condiciones en las que desarrollan su labor.
Las cifras respaldan la preocupación. Solo en 2024, más de 16.800 agentes de la Policía Nacional fueron víctimas de delitos de atentado, lo que supone la cifra más alta de toda la serie histórica. En los últimos seis años, las agresiones a policías se han incrementado un 28%, con una media de dos ataques cada hora. Un contexto que, para el SUP, justifica plenamente la urgencia de esta reforma.
Desde el sindicato recuerdan que han sido los primeros en plantear esta demanda a nivel europeo y reiteran su compromiso con la defensa de los derechos de los agentes. Al mismo tiempo, hacen un llamamiento al resto de sindicatos y actores sociales a sumar esfuerzos, sin protagonismos, para lograr una legislación que garantice la seguridad, la salud y la dignidad profesional de quienes se enfrentan al crimen en nombre del Estado.
“El reconocimiento europeo del riesgo policial no puede seguir siendo una promesa aplazada”, afirman desde el SUP, que también reclama que se actualice el catálogo de puestos de trabajo y se dote de más medios a los agentes. Así lo expresaron en declaraciones recogidas por El Faro de Melilla semanas atrás, donde insistieron en la necesidad de que se pase de los gestos a los hechos.
