El Sindicato Unificado de Policía (SUP) ha advertido de las consecuencias que, a su juicio, tendrá la reciente resolución del Tribunal Supremo en la labor desarrollada por los agentes destinados en Ceuta y Melilla. La organización considera que la interpretación realizada por el alto tribunal modificará de forma relevante la gestión de las llegadas de inmigrantes interceptados en el ámbito marítimo y aumentará de manera significativa la carga de trabajo de las unidades encargadas de estas actuaciones.
Según expone el sindicato, el pronunciamiento judicial descarta la posibilidad de aplicar el rechazo en frontera a las personas localizadas en el mar y establece la necesidad de tramitar un procedimiento ordinario de devolución. Esa circunstancia, señala el SUP, obligará a desarrollar un mayor número de actuaciones en cada intervención, con la consiguiente ampliación de las tareas administrativas y asistenciales.
Entre esas gestiones figuran la identificación de las personas afectadas, la prestación de asistencia jurídica, la presencia de intérpretes, la comprobación de posibles peticiones de protección internacional y un incremento de las labores de custodia y tramitación. Todo ello, subraya la organización, recaerá sobre las Brigadas de Extranjería y Fronteras, que ya soportan una elevada carga de trabajo y un importante volumen de gestiones burocráticas.
El sindicato insiste en que el fallo del Supremo no impide la ejecución de devoluciones cuando estas resulten ajustadas a derecho. No obstante, considera que desaparece un mecanismo de respuesta inmediata y que, en su lugar, se imponen procedimientos más extensos y complejos, con un impacto directo sobre el funcionamiento diario de los servicios policiales.
El SUP sostiene que el incremento de las exigencias legales debe ir acompañado de un aumento de medios humanos y materiales. En caso contrario, advierte de que la consecuencia será una mayor saturación de las unidades especializadas y una reducción de la capacidad para atender otras tareas vinculadas a la seguridad ciudadana.
La organización también pone el foco en las posibles consecuencias que la nueva situación pueda tener en relación con las redes dedicadas a la inmigración irregular. A su juicio, estas estructuras criminales siguen de cerca cualquier modificación normativa o jurisprudencial y adaptan sus estrategias cuando perciben que los procedimientos de retorno resultan más lentos o presentan una mayor complejidad.
Por ese motivo, el sindicato reclama que cualquier cambio en el marco jurídico vaya acompañado de medidas que permitan reforzar de forma efectiva los recursos de la Policía y de una política migratoria que, según señala, resulte coherente y eficaz. El objetivo, añade, es impedir que esa percepción pueda ser utilizada por las organizaciones dedicadas al tráfico de personas para fomentar nuevas salidas con destino a las fronteras españolas.
Finalmente, el SUP remarca que serán nuevamente los agentes quienes deban afrontar sobre el terreno las consecuencias prácticas derivadas de la decisión judicial. En ese sentido, considera que no es posible aumentar las obligaciones administrativas, las garantías procedimentales y el nivel de responsabilidad exigido a los funcionarios sin proporcionar previamente los efectivos y herramientas necesarias para desarrollar su trabajo en condiciones adecuadas de eficacia y seguridad.
