ENMIENDA al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana para modificar la Ley de Extranjería y Protocolo de Actuación Integral en los
Perímetros de Melilla y Ceuta. Todo en un sólo día y sin casi tiempo para despejar dudas.
Una de las primeras cuestiones que se plantean es con qué votos saldrá esa enmienda adelante, si es que lo hace. Es fácil de prever que los diputados populares la apoyarán al unísono, pero cuál será la postura del PSOE. De momento, su portavoz en el Congreso, Antonio Hernando, un ‘viejo’ conocido de Melilla, ya ha anunciado la oposición de los socialistas ante lo que entienden que es un intento de “sacar por la puerta de atrás” a los inmigrantes. Sus palabras pueden ser entendidas como el anuncio de un recurso de inscontitucionalidad del principal partido de la oposición.
La iniciativa del PP tampoco ha despertado el entusiasmo de las ONGs especializadas en asuntos de inmigración. Alguna de estas organizaciones, como Amnistía Internacional, ya ha anunciado su intención de recurrir la medida a instancias europeas.
Además hay que ver cómo encaja en nuestro sistema jurídico la modificación que el Gobierno pretende hacer en la Ley de Extranjería. Será determinante para comprender el valor del protocolo que el Ministerio de Interior se ha apresurado a redactar aún antes de que la enmienda sea aprobada. De hecho, los populares sólo la han presentado en el Congreso para su debate.
Si la primera (la modificación de la Ley de Extranjería) supera todas las dificultades y el segundo (el protocolo) no choca con el ordenamiento jurídico, aún faltará una última cuestión importante. Ayer el Ministerio del Interior, en su nota de prensa, indicaba que “la entrada ilegal en España de inmigrantes se entenderá consumada en caso de rebasar completamente el sistema perimetral de seguridad”. Pero ni aclara en qué consiste “ese sistema perimetral de seguridad” ni en qué circunstancias se entiende cómo “rebasado completamente” y tampoco indica quién es el responsable de su supervisión durante un asalto o quién decide si el inmigrante lo ha superado o no.
Indefiniciones como la recogida en ese párrafo son precisamente las que están generando problemas en la actuación de los agentes de la Guardia Civil. Y, desde luego, la mejor solución para una inconcreción no es continuar añadiendo dudas.
Tampoco explicó ayer el ministro Jorge Fernández Díaz qué influencia puede tener (y viceversa) la modificación de la Ley de Extranjería y la redacción de un protocolo en el caso que investiga la Justicia en Melilla sobre supuestas devoluciones irregulares de inmigrantes, unos asuntos por los que están imputados el delegado del Gobierno, el coronel Martín Villaseñor y el comandante Ortega. No obstante, para no alentar falsas expectativa, el ministro del Interior no se cansó de repetir ayer que las ‘devoluciones en caliente’ son “ilegales”.
En definitiva, da la sensación de que se trata de la obra de un ‘lampedusiano’. Son muchas cambios en muy poco tiempo para, aparentemente, dejarlo todo cómo está.
