El Sindicato Independiente de Melilla (SIM) ha recibido numerosas quejas por parte de muchos de los vigilantes de seguridad que realizan servicios en el Centro de Menores Infractores (CEMI) de Baluarte y del centro de menores no acompañados de La Purísima. Y es que, desde que los vigilantes pusieron en conocimiento de las empresas adjudicatarias de estos centros que muchas de las funciones que realizaban no eran competencias suyas, como les aclaró por escrito la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) de la Policía Nacional, se sienten literalmente acosados por las direcciones de estas empresas.
Hasta la fecha, los vigilantes de seguridad se veían obligados a recoger por escrito las entradas y salidas de todo el personal, ajeno o no al centro; y este control, en lugar de hacerse con fines de seguridad, les servía a las empresas de servicios como control de firmas de sus trabajadores, dejando recaer esa responsabilidad en el vigilante de seguridad sin que nada tuviera que ver con el fin último de vigilante, que es el de velar por la seguridad del recinto.
El SIM realizó una consulta concreta a la Unidad Central de Seguridad Privada (UCSP) en cuanto a esa situación y la respuesta ha sido que los controles, si los solicita el cliente, deben hacerse, pero exclusivamente con fines de seguridad.
El Sindicato Independiente aclara además que tanto Fundación Diagrama como Arquisocial son empresas contratadas por la Ciudad Autónoma de Melilla al igual que lo es Sureste Seguridad. Empresas contratadas por el mismo cliente, trabajando en un recinto común, pero con funciones diferentes, o dicho de otro modo, que Sureste Seguridad no puede entrar a dar órdenes al personal de Diagrama o Arquisocial y viceversa.
Según el SIM, desde que los vigilantes han dejado de realizar funciones no acordes con la seguridad del recinto, estas empresas están tomando ciertas decisiones con la intención de perjudicarlos, como, por ejemplo, la de vetar a los trabajadores de seguridad la utilización automática del portón impidiendo el acceso a la propia caseta, hasta ahora, de seguridad, o dar las llaves de la puerta de entrada por si se va la luz mientras sus trabajadores sí lo usan, lo que ocasiona, a su parecer, una situación de peligro muy grave en caso de que se corte el suministro de luz y tenga que acceder al recinto algún vehículo de urgencias.
Otra de las medidas de acoso a la que están recurriendo las empresas es la de dejarles entrever que van a solicitar que se reduzca el número de vigilantes, ya que si no se realizan esas labores no los necesitan, arrogándose la potestad de decidir sobre la seguridad del recinto o que se les va a retirar parte del mobiliario que utilizan, como taquillas o sillas. Actitud inadmisible con un fin que nada tiene que ver con la labor que deben hacer los directores de dichos centros.
El SIM quiere, en cambio, agradecer el apoyo recibido por parte de la Coordinación de Seguridad Privada de la Ciudad Autónoma que, cumpliendo sus funciones, ha estado en todo momento defendiendo la labor legal que realizan los vigilantes de seguridad en ambos recintos y emitiendo órdenes fundadas y lógicas para el buen hacer de los vigilantes.
