El Senado ha aprobado este pasado miércoles un proyecto de ley que contempla un crédito extraordinario de 1.200 millones de euros destinado a cubrir las subvenciones al transporte de los residentes extrapeninsulares. Esta dotación económica busca paliar los retrasos acumulados por parte del Gobierno en el pago de estas ayudas, que afectan directamente a la movilidad en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla. Sin embargo, el futuro de esta iniciativa sigue pendiente de confirmación por parte del Congreso de los Diputados, que debe decidir si respalda o no las enmiendas introducidas en la Cámara Alta.
El proyecto, que también incluye modificaciones a la Ley de Navegación Aérea y la Ley de Seguridad Aérea, ya fue aprobado por el Congreso en mayo con dos enmiendas técnicas. Durante su paso por el Senado, se incorporaron seis nuevas enmiendas, todas ellas propuestas por el Partido Popular. Estas modificaciones podrían ser rechazadas en el Congreso durante la votación definitiva.
El crédito extraordinario ha sido reclamado insistentemente por el sector aéreo desde principios de año. Las aerolíneas, que han asumido el adelanto del coste de los billetes subvencionados, aseguran que la situación actual es insostenible. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha instado al Gobierno a respaldar la enmienda que permitiría garantizar los pagos pendientes. Según sus datos, a finales de marzo aún faltaban por abonar 425 millones de euros de 2024, y para el año 2025 se espera un gasto adicional de 1.250 millones. Sin embargo, los Presupuestos Generales del Estado recogen apenas 560 millones para este ejercicio, la misma cifra que en 2023.
“Apoyar esta enmienda es clave para dar respuesta a una situación de asfixia financiera que padecen las compañías que conectan nuestras regiones con la península”, han señalado desde ALA. La patronal del sector advierte de que, si no se desbloquean los pagos, algunas aerolíneas podrían verse obligadas a reducir rutas, recortar frecuencias o incluso abandonar determinadas conexiones, afectando gravemente la movilidad de millones de ciudadanos.
Esta no es la primera vez que se encienden las alarmas. A comienzos de año, varias compañías amenazaron con dejar de adelantar el importe de los billetes bonificados debido a la falta de liquidez generada por los impagos del Estado. En respuesta, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, afirmó que la subvención del 75% al transporte para residentes “no se va a tocar”. “Está plenamente garantizada”, aseguró entonces, en un intento por calmar la preocupación de los territorios afectados.
A pesar de estas declaraciones, desde el Partido Popular persiste la desconfianza. El grupo parlamentario en el Senado ha defendido sus enmiendas como un esfuerzo por asegurar la estabilidad del sistema de subvenciones, mejorar la seguridad operacional y digital del transporte aéreo y planificar adecuadamente la transición energética del sector. Además, han insistido en la necesidad de establecer una financiación sólida y participada para evitar que se repitan los problemas de este año.
“El PSOE sigue sin garantizar con firmeza que la subvención del 75% esté realmente protegida. Los retrasos en los pagos ya han generado tensiones y podría empeorar si no se actúa con responsabilidad”, denuncian desde el PP.
Ahora, el texto aprobado en el Senado regresa al Congreso, que tendrá la última palabra sobre el futuro del crédito extraordinario. En juego no solo está una dotación económica, sino el mantenimiento de un derecho básico de movilidad para los residentes en territorios extrapeninsulares, cuya conexión con el resto del país depende en gran medida de esta política pública.
