Escobar pide que un informe de los servicios jurídicos de la Ciudad valide estas normas.
“Se ha perdido la oportunidad para hacer un verdadero reglamento de convivencia en el que participen los ciudadanos. Lo que ha hecho el Gobierno del PP es un catalogo de infracciones y sanciones que creemos que no va a ser lo adecuado para cambiar determinadas conductas en Melilla”. Con esta contundencia el secretario general del PSOE local, Gregorio Escobar, describió ayer las normas sobre convivencia que se aprobaron el pasado lunes en la Asamblea. Escobar resaltó que el proyecto del PP no contó con ningún apoyo de la oposición.
El líder de los socialistas explicó que no está en contra de regular los temas que se recogen en el reglamento. Sin embargo, indicó que difiere de cómo se ha llevado a cabo. Escobar señaló que el PSOE pidió que dejaran estas normas sobre la mesa con el objetivo de alcanzar un acuerdo entre todos los implicados. Pero, no fue así, añadió.
El máximo responsable del PSOE hizo hincapié en que no basta con que el reglamento recoja sanciones. El socialista apuesta porque describa y promueva valores de convivencia y civismo.
“No hay nada que favorezca la participación ciudadana, ninguna referencia a la salvaguarda medioambiental, cuando se está hablando de convivencia”, apuntó. Además, el líder del PSOE echa en falta medidas para evitar prácticas discriminatorias de contenido xenófobo, racista o sexista, especialmente cuando se dirijan a los colectivos más vulnerables, como menores, personas mayores o con alguna discapacidad.
Por otro lado, Escobar afirmó que el reglamento contiene un gran número de infracciones y sanciones muy elevadas sin que exista un estudio de los servicios jurídicos de la Ciudad que lo justifique. “Entendemos que un informe de los servicios jurídicos es preceptivo porque lo que se está regulando es una competencia municipal”, apuntó. Asimismo, el dirigente del PSOE resaltó que Ley de Base de Régimen Local indica que es necesario este análisis de los abogados de la Ciudad.
Informe jurídico
“Se trata de un reglamento que establece infracciones y sanciones a conductas ciudadanas y entendemos que ese informe es una forma de garantizar que se salvaguardan todos los derechos de los ciudadanos en una materia tan compleja”, insistió.
Por último, Escobar destacó que, “en otros lugares donde han puesto en práctica este tipo de reglamentos, se han producido impugnaciones ciudadanas que han sido atendidas por los tribunales. La consecuencia de estos procesos ha supuesto en más de una ocasión sentencias que han tumbado dichas normas”.
