Desde el Gobierno autonómico señalaron el pasado jueves, mientras se llevaban a cabo los registros de la Operación Ópera en diversas dependencias municipales, que acataban la decisión de la Justicia, aunque se mostraron en desacuerdo con la manera de requisar documentación, ya que la entrada de la Policía Judicial en el Ayuntamiento daba “mala imagen y provocaba alarma social”.
Pues bien, en el auto del Juzgado Número 4 de Melilla, que instruye el caso, se detalla por qué se decidió proceder de esta manera y no requerir por escrito los contratos en cuestión.
En el texto se indica que la forma elegida para hacerse con la documentación en cuestión era “necesaria” para que ésta no fuera “manipulada”. En el auto se recuerda que uno de los delitos instruidos es la falsedad documental. Desde el juzgado también se quería evitar que la entrega de los contratos fuera “retardada”, partiendo de la existencia de “reiterados informes” del Tribunal de Cuentas respecto a “irregularidades observadas en materia de contratación pública” y “en retrasos injustificados” con los que la Ciudad Autónoma presenta documentación a este organismo. También se pone de manifiesto “la no entrega de información que ha sido solicitada con reiteración” por parte de dicho órgano estatal.
“Adecuado y necesario”
Con estos argumentos como base, la jueza consideró “adecuado, necesario y proporcionado” la entrada y registro en las diversas dependencias de la Ciudad Autónoma para requisar los contratos en cuestión.
Asimismo, se subraya que, se tuvo en cuenta que todas las líneas de investigación tienen como elemento la adjudicación de contratos públicos. Por ello, era “imprescindible y necesario” la obtención de todos los expedientes de contratación relacionados con las pesquisas de la Guardia Civil, siendo éstos “auténticas pruebas documentales” de los presuntos delitos investigados, que son prevaricación,tráfico de influencias, fraude, malversación y falsificación documental, el registro de diversas dependencias de la Ciudad Autónoma para requerir documentación sobre el caso. Según el texto judicial, se buscó en las instalaciones del Palacio de la Asamblea, Medio Ambiente, Economía, Bienestar Social, Fomento y Emvismesa.
Los registros comenzaron a las 10:00 horas y no por casualidad. En el informe judicial se expresa que la Guardia Civil sugirió este horario porque era el más conveniente para encontrar los documentos referidos y evitar que alguien pudiera destruirlos y sacarlos a escondidas de las dependencias municipales.
