El PSOE responsabiliza al PP del deterioro de las instalaciones deportivas

El PSOE de Melilla ha denunciado este viernes, 10 de abril, el “estado límite” en el que se encuentran las instalaciones deportivas públicas de la ciudad y ha responsabilizado al Gobierno local del Partido Popular de un deterioro progresivo que, según afirma, pone en riesgo a los usuarios. La denuncia ha sido realizada por el secretario de Política Municipal y Deportes, Diego Muñoz.

El dirigente socialista ha asegurado que las deficiencias detectadas no responden a incidencias puntuales, sino a “años de dejadez” en la gestión. Entre los problemas señalados, ha destacado la presencia de extintores caducados y sistemas contra incendios inoperativos en el pabellón Javier Imbroda, así como goteras, zonas hundidas en el parquet y vestuarios en mal estado.

Según Muñoz, la situación se repite en otras instalaciones deportivas de la ciudad. En el pabellón Lázaro Fernández, ha indicado la existencia de goteras, cristales rotos y una plaga de ratas, mientras que en el estadio Álvarez Claro ha denunciado el deterioro de la pista de atletismo, que se inunda cuando llueve, además de deficiencias en la iluminación y en el mantenimiento general.

El PSOE ha advertido además de problemas extendidos en el conjunto de la red deportiva, como porterías sueltas, cables que suponen un riesgo para los usuarios, césped artificial levantado o vestuarios inutilizados. También ha señalado el caso del Fuerte de Rostrogordo, que permanece cerrado y deteriorándose sin una intervención por parte del Ejecutivo local.

Muñoz ha criticado la falta de control sobre los contratos de mantenimiento y la ausencia de seguimiento por parte del Gobierno de la Ciudad. En este sentido, ha cuestionado la responsabilidad en caso de que se produzca algún incidente derivado del estado de las instalaciones.

Ante esta situación, el PSOE de Melilla ha reclamado una auditoría completa del estado de todas las instalaciones deportivas, la puesta en marcha de un plan urgente de reparación, la revisión de los sistemas de seguridad y mayor transparencia en los contratos de mantenimiento. Asimismo, ha instado al Gobierno local a actuar de forma inmediata para garantizar condiciones adecuadas para los usuarios.