Cada mañana, María José Ruiz abre las ventanas de su casa, en el Ensanche y respira las emisiones de una central eléctrica obsoleta. A 3 kilómetros, en Nador, los marroquíes respiran el aire de un futuro energético verde que España tuvo en sus manos y dejó escapar.
Esta es la historia de cómo una decisión política se convierte en una cuestión de salud pública mientras el Mediterráneo cambia de manos.
El conflicto ha escalado en las últimas semanas tras las duras críticas del consejero de Medio Ambiente y Naturaleza, Daniel Ventura, quien acusa al Partido Socialista de obstaculizar los esfuerzos de modernización energética de la ciudad. "No se puede hablar de transición energética si desde el propio Gobierno se bloquean estas iniciativas", ha advertido Ventura.
El 15 de abril de 2025, mientras María José cerraba las ventanas para que sus hijos no respiraran más humo de diésel, las líneas del proyecto REMO transportaban 532 MW desde Marruecos para rescatar del apagón al sur de España. Esa jornada resumió la nueva realidad: mientras los melillenses sufren las emisiones de una central obsoleta, Marruecos se ha convertido en proveedor energético de Europa.
"Fue humillante", reconoce un técnico de la central que prefiere no dar su nombre. "Estábamos quemando gasoil a toda máquina para ayudar con el apagón mientras recibíamos electricidad limpia desde Marruecos. Te das cuenta de que algo está terriblemente mal."
Lo que dice Ventura es que la polémica actual tiene sus raíces en una decisión tomada por tripartito . Autorizó a Endesa a seguir operando en su actual ubicación céntrica durante 30 años más. Una decisión que Ventura considera que "va totalmente en contra de la lógica ambiental y del interés general de los melillenses".
Esta autorización, otorgada sin considerar alternativas de reubicación, ha generado un escenario en el que la ciudad debe convivir con una infraestructura energética contaminante en su centro urbano hasta mediados de siglo, limitando las opciones de desarrollo sostenible.
A menos de 15 kilómetros de donde María José vive con las ventanas cerradas, el megapuerto de Nador West Med procesa terminales de GNL con respaldo de gigantes como CMA CGM y proyecta convertirse en exportador de hidrógeno verde hacia 2027. Es exactamente el futuro que Melilla podría haber tenido si hubiera existido visión política.
Endesa y Enagás han desarrollado un ambicioso proyecto denominado "Melilla Green City", con una inversión prevista de 80 millones de euros y la creación de 170 puestos de trabajo. La iniciativa contempla la conversión de tres motores de la central eléctrica de diésel a gas natural, el desarrollo de una infraestructura de gas natural licuado (GNL), servicios complementarios de gas, electrificación de muelles, aprovechamiento del frío en la regasificación, una planta de biogás y un proyecto solar fotovoltaico.
Sin embargo, según denuncia Ventura, el Gobierno central ha excluido a Endesa de una convocatoria nacional clave para avanzar en la descarbonización y modernización del sistema energético. Esta exclusión del PERTE de descarbonización industrial impide que la empresa acceda a fondos públicos para reemplazar sus actuales motores por otros más modernos, ecológicos y menos contaminantes.
El contraste es brutal: mientras Rabat negocia acuerdos de exportación energética con Francia y China, Madrid no ha convocado ni una sola mesa técnica de cooperación energética Melilla-Nador. El resultado es que los melillenses respiran las consecuencias de la falta de ambición política.
Los jóvenes melillenses que se forman en energías renovables encuentran más oportunidades laborales en Casablanca que en su propia ciudad. Ahmed Mohand, graduado en Ingeniería de Energías Renovables, resume la frustración generacional: "Estudiamos para resolver problemas que existen aquí, pero luego tenemos que irnos a resolverlos a otros sitios. Es absurdo que mi futuro profesional esté en Marruecos, pero no en casa."
Los motivos ocultos detrás del veto
La exclusión de Endesa de las ayudas estatales responde a un complejo entramado de intereses que van más allá de la situación específica de Melilla. El Gobierno central parece preocupado por establecer un precedente que podría generar una avalancha de solicitudes similares de otras centrales eléctricas en territorios extrapeninsulares como Canarias, Baleares y Ceuta.
El PERTE de descarbonización industrial, dotado con 2.300 millones de euros, está diseñado para impulsar la descarbonización de la industria manufacturera, no de las empresas eléctricas que ya operan en régimen de monopolio territorial con ingresos regulados. Permitir que Endesa acceda a estos fondos podría considerarse una ayuda de Estado incompatible con las normas de competencia europeas.
Además, existe una dimensión política evidente en el conflicto: mientras el gobierno local de Melilla (PP) presiona para facilitar la modernización energética, el gobierno central (PSOE) mantiene una postura restrictiva que algunos interpretan como un reflejo de las tensiones políticas entre administraciones.
Ante el bloqueo estatal, Endesa no se ha quedado de brazos cruzados. La empresa ya ha solicitado una concesión portuaria de más de 10.000 metros cuadrados para desarrollar una regasificadora que permita modernizar los equipos de generación y reducir emisiones. Además, ya ha puesto en marcha proyectos innovadores como Second Life, que combina 78 baterías de vehículos eléctricos en la central térmica.
La estrategia de la eléctrica pasa por financiar con fondos propios la transición energética, manteniendo su alianza estratégica con Enagás y explorando otras fuentes de financiación como fondos europeos directos o inversión de su matriz italiana, Enel.
El futuro incierto de la sostenibilidad melillense
La pregunta que Ventura dirigió a la delegada del Gobierno, que expone? "¿Le van a dejar en la próxima?" La respuesta a esta cuestión determinará si Melilla puede avanzar hacia un modelo energético más sostenible o si deberá conformarse con soluciones de segunda división.
El gobierno local insiste en su compromiso con un modelo energético más limpio y sostenible (eso está por ver), pero denuncia que las decisiones del ámbito estatal "ponen piedras en el camino" de ese objetivo. Mientras tanto, los (y aquí entramos nosotros) melillenses pagan el coste de la inacción política con su salud, sus oportunidades laborales y su futuro. Cada día que pasa sin modernizar la central eléctrica es un día más de exposición a emisiones tóxicas, mientras ven cómo Marruecos construye el futuro energético que España tuvo en sus manos.
La ironía es dolorosa: el proyecto REMO de 2006 se diseñó como puente energético bilateral, pero se ha convertido en símbolo de la nueva realidad donde España importa energía limpia marroquí mientras contamina a sus propios ciudadanos con combustibles fósiles.
La inauguración de la terminal de hidrógeno verde en Nador West Med en 2027 marcará el momento de no retorno. Para entonces, las familias marroquíes respirarán los beneficios de una industria energética próspera, mientras los melillenses seguirán inhalando las emisiones de una central de diésel que funcionará hasta 2054.
Esta serie semanal analiza el impacto real de las decisiones políticas en la vida cotidiana de los melillenses. La próxima semana: "Nador West Med vs Puerto de Melilla: cuando el vecino supera al anfitrión"
