El Partido Popular ha anunciado una batería de medidas para abordar el problema del acceso a la vivienda en España. Entre ellas, destaca la puesta en marcha de una nueva ley de vivienda que proteja a los propietarios, una legislación antiokupa que permita desalojar en menos de 48 horas y el impulso a la construcción de viviendas de protección oficial (VPO). Así lo explicó el secretario regional del PP de Melilla, Miguel Marín, tras participar en una jornada nacional sobre vivienda organizada por su partido en Alicante.
Durante el encuentro, en el que participaron representantes del PP de varias comunidades autónomas y una eurodiputada del grupo popular, se abordaron las causas de la crisis habitacional que atraviesa el país. Según Marín, esta situación es consecuencia directa de la política del Gobierno central. "Pedro Sánchez ha hecho lo posible y lo imposible para sacar del mercado una gran cantidad de viviendas", señaló, responsabilizándolo de no haber protegido a los propietarios ni promovido la construcción de vivienda protegida.
En el caso de Melilla, Marín denunció que en los últimos siete años no se ha construido ni una sola vivienda de protección oficial. Una situación que, afirma, se repite en otras regiones del país. "La oferta ha disminuido, la demanda se ha mantenido e incluso ha aumentado. El resultado: precios disparados tanto para la compra como para el alquiler", advirtió.
Para revertir esta tendencia, el Partido Popular plantea medidas concretas que ya se están aplicando en las comunidades donde gobierna. En Melilla, explicó Marín, se han iniciado los trámites para construir cuatro promociones de viviendas con un total de 68 unidades, y se están redactando nuevos proyectos para ampliar esta cifra a lo largo de la legislatura. También recordó que desde el inicio del mandato del Gobierno de Juan José Imbroda se han activado ayudas al alquiler para jóvenes y familias con menos recursos, y que éstas se mantendrán durante toda la legislatura.
Ejes estratégicos
El plan del PP se articula en torno a varios ejes estratégicos, recogidos en un documento de propuestas públicas que defiende la necesidad de un “gran pacto nacional por la vivienda” basado en el consenso, la seguridad jurídica, la colaboración público-privada y el impulso a la construcción. El partido propone un modelo de vivienda “centrado en las personas”, donde se prime el acceso a un hogar como un derecho efectivo y real, y no solo como un principio teórico.
Uno de los pilares del plan popular es facilitar la emancipación de los jóvenes mediante ayudas directas al alquiler, incentivos fiscales y la promoción de viviendas específicas para menores de 35 años. Además, abogan por fomentar el alquiler social a través de acuerdos con propietarios privados y la movilización de viviendas vacías, en lugar de recurrir a la ocupación ilegal o la expropiación forzosa.
Otra medida clave es la ley antiokupa, ya registrada por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, con la que se busca garantizar la protección inmediata de la propiedad privada. La propuesta contempla el desalojo de los ocupas en menos de 48 horas, con refuerzo del papel de los juzgados de guardia, y endurece las penas por reincidencia.
El PP también plantea cambios en el marco normativo actual para reducir trabas burocráticas y acelerar los plazos urbanísticos, facilitar el acceso a suelo público y promover el desarrollo de viviendas asequibles mediante colaboración con promotores privados. El objetivo: aumentar la oferta de vivienda para que bajen los precios, tanto en régimen de compra como de alquiler.
En un tono marcadamente crítico, Marín afirmó que el Gobierno de Pedro Sánchez ha abandonado a las clases medias y más vulnerables. “Ha perjudicado especialmente a los jóvenes y a las familias que no pueden acceder ni siquiera al alquiler de una vivienda digna”, concluyó.
Con estas medidas, el Partido Popular busca presentarse como la alternativa real para afrontar uno de los principales problemas sociales del país: el acceso a una vivienda digna y asequible.
