El Grupo Parlamentario Popular en el Senado ha presentado, a iniciativa de Iñigo Fernández García e Isabel Moreno Mohamed, una moción ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en la que plantea condenar la situación política de Nicaragua bajo el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo y reclama la adopción de distintas medidas por parte de España y de la comunidad internacional.
El texto presentado por los populares sostiene que Nicaragua atraviesa un proceso de deterioro institucional y democrático que, a su juicio, se ha desarrollado de manera progresiva desde 2014. La moción sitúa uno de sus principales puntos de partida en la eliminación de la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, una modificación que, según argumenta el PP, abrió la puerta a la continuidad de Ortega en el poder.
La propuesta también hace referencia a las elecciones presidenciales de 2021, celebradas en un contexto que los promotores califican de represivo y con dirigentes opositores encarcelados o en el exilio. Asimismo, centra parte de su argumentación en la reforma constitucional de 2025, que estableció la figura de la copresidencia ejercida por Ortega y Murillo.
Según el Grupo Popular, esta reforma supuso una transformación de la estructura institucional del país y concentró en la Presidencia competencias vinculadas a los distintos poderes del Estado. La moción sostiene además que la modificación constitucional afectó a 185 de los 198 artículos de la Constitución y cuestiona el procedimiento seguido para llevarla a cabo.
El documento presentado por el PP también denuncia una concentración del poder político en torno a Ortega y Murillo y sostiene que distintos miembros de su familia ocupan posiciones de responsabilidad en el aparato estatal, los negocios familiares y los mecanismos de comunicación y propaganda. Los populares consideran que esta situación supone la consolidación de una estructura de poder familiar.
Derechos humanos y situación de los opositores
La moción dedica asimismo una parte de su contenido a la situación de los derechos humanos en Nicaragua. El Grupo Popular recoge denuncias sobre detenciones arbitrarias, persecución de comunidades religiosas, torturas en centros de detención y desnacionalización de opositores.
El texto señala especialmente la situación de la Iglesia Católica, así como de las comunidades cristianas evangélicas y moravas, y sostiene que la persecución se ha extendido fuera de las fronteras del país y ha afectado también a ciudadanos nicaragüenses residentes en España.
El documento cifra en más de 700.000 las personas que habrían abandonado Nicaragua y señala el impacto de estos desplazamientos en países como Costa Rica, Panamá, Estados Unidos y España.
El Grupo Popular también sitúa la situación de Nicaragua en el ámbito internacional y menciona el alejamiento del país respecto al sistema de seguridad democrática interamericano, así como su acercamiento estratégico a Rusia y China.
La moción considera que España debe prestar una atención especial a la situación debido a sus vínculos históricos, culturales y lingüísticos con Nicaragua. En este contexto, el texto fija el 10 de enero de 2027 como una fecha de referencia para la posición que, según el PP, debería adoptar la comunidad internacional en función de la evolución del proceso político y electoral nicaragüense.
Medidas que plantea el Grupo Popular
Entre las medidas propuestas, el Grupo Popular plantea que la Comisión de Asuntos Iberoamericanos inste al Gobierno a condenar la deriva autoritaria que atribuye al régimen de Ortega y Murillo y a reclamar la convocatoria de elecciones libres, competitivas y transparentes, con supervisión de observadores internacionales independientes.
La iniciativa también propone revisar el nivel de las relaciones políticas y diplomáticas de España con las autoridades nicaragüenses. Al mismo tiempo, plantea priorizar el apoyo a la sociedad civil, a las personas afectadas por la represión y a los actores democráticos nicaragüenses, tanto dentro del país como en el exilio.
Otra de las propuestas pasa por promover, junto con los socios europeos y americanos, una posición común de condena y presión diplomática en organismos como la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos. El objetivo señalado en la moción es articular una respuesta internacional coordinada ante la situación política de Nicaragua.
El PP plantea también impulsar en los foros multilaterales la exigencia de unas condiciones democráticas mínimas y verificables para la participación plena de Nicaragua en la comunidad internacional. Entre ellas incluye la liberación de los presos políticos y el inicio de un proceso electoral que, según el texto, debería contar con supervisión internacional.
La propuesta recoge además una declaración de solidaridad con el pueblo nicaragüense, los pueblos indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe y las comunidades religiosas que, según denuncia el documento, están siendo perseguidas, con especial referencia a la Iglesia Católica, la Iglesia Morava y otras confesiones cristianas.
Por último, el Grupo Parlamentario Popular plantea que el Senado respalde ante los organismos internacionales competentes el reconocimiento de que, según su posición, se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Nicaragua. La iniciativa pide facilitar los mecanismos de responsabilidad internacional previstos en el Derecho Internacional y prestar especial atención a la persecución transnacional de ciudadanos nicaragüenses residentes en España.
La moción deberá ser abordada en la Comisión de Asuntos Iberoamericanos, donde el Grupo Popular plantea que el Senado fije una posición sobre la situación política y de derechos humanos en Nicaragua y sobre las relaciones de España con las autoridades del país.
