A través de su portavoz y diputado local, Miguel Marín, el Partido Popular (PP) ha registrado este miércoles una moción en la Asamblea de Melilla para que se promuevan ante el Gobierno de España las modificaciones legales necesarias en la normativa que regula el impuesto indirecto sobre la importación (IPSI) en la ciudad, con el fin de implantar un sistema de ventanilla única semejante al existente en territorio de impuesto sobre el valor añadido o IVA.
De acuerdo con el grupo político, un sistema así evitaría que el organismo público estatal Correos y Telégrafos cobrara tarifas "abusivas" por el IPSI, después de que recientemente se suprimieran las exenciones existentes en la aplicación de este impuesto en envíos de bajo valor.
Por otro lado, esta ventanilla única de importación permitiría que el consumidor conociera, en el momento de realizar el pedido, el importe total de los gastos que tendría que abonar cuando reciba la mercancía, o sea, con el IPSI incluido.
Los populares han instado también a Correos a que aplique exclusivamente las tarifas existentes para cuando la gestión se realice mediante una página web o App para dispositivos móviles, ya que en estos momentos "no se encuentran operativas por causas imputables" al propio organismo.
En caso de que no fuera posible concretar ninguna de las soluciones anteriores, para los populares el Gobierno de Melilla deberá "adoptar las medidas necesarias para compensar a los ciudadanos por los desproporcionados gastos que están soportado en el momento de la recepción de las compras realizadas vía online".
Tarifas "abusivas" y otras trabas
El PP ha destacado también que Correos ha estado cobrando tarifas que van de 4,3 a 12,9 euros, en función del valor declarado de la mercancía a efectos de importación; o de 6,74 euros, por custodia y cesión de documentación, en caso de que el destinatario decida gestionar el despacho.
Esta realidad ha provocado situaciones "esperpénticas e intolerables" porque en muchas ocasiones el valor de los gastos de gestión cobrados por Correos supera el precio de la propia mercancía, lo que se traduce en un enorme "perjuicio" para los consumidores melillenses.
Además, el PP ha denunciado el hecho de que haya que disponer de dinero en efectivo para el abono de dichos gastos porque el personal de Correos no posee datáfonos para el cobro mediante tarjeta de crédito.
A tenor con el Grupo Popular, incluso es frecuente que quien está encargado del reparto no tenga cambio por lo que, si el consumidor no tiene el importe exacto, deberá ir a las oficinas de Correos para recoger el envío o dejar una dirección de correo electrónico para que se le envíe la factura del mismo.
El PP ha achacado estas problemáticas a la "falta de previsión" del Gobierno de España y al "desinterés" de los responsables políticos de la Ciudad Autónoma, que no realizaron "las gestiones pertinentes" o adoptaron "las medidas correctoras necesarias" para paliar las afectaciones que han estado sufriendo los ciudadanos.
Totalmente de acuerdo con esta crítica, que esperemos se corte lo antes posible por ser un cobro abusivo que ronda el atraco legal para el consumidor. Aquí todos entran a saco para llenar las arcas a costa del ciudadano de a pie. Claro que esto se debe a la incapacidad de los estamentos públicos y del propio gobierno autonómico, para poder desarrollar fórmulas de desarrollo económico y gestión comercial, para atraer inversiones y volumen comercial.Lo más fácil es extorsionar al indefenso ciudadano, y encima tener la poca vergüenza de hacerse el tonto y mirar para otro lado. Ya falta poquito para cambiarle la cara a esta invisible gobernanza.