El Partido Popular, que ejerce la acusación particular, imputa siete delitos a Muñoz y Aberchán.
En el auto de apertura de juicio oral, el titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5, Miguel Ángel García Gutiérrez, incluye, además del escrito de calificación de la Fiscalía, las peticiones de pena de la acusación particular, es decir, el Partido Popular. Para los autores intelectuales de la trama del ‘Caso del Voto por Correo’, el ex secretario general del PSOE, Dionisio Muñoz, y el presidente de Coalición por Melilla (CpM), Mustafa Aberchán, el PP solicita un total de 22 años y medio de cárcel y 49 años de inhabilitación, para cada uno, por delitos continuados electorales, de falsedad, de descubrimiento de secretos, de infidelidad en la custodia de documentos, de prevaricación, de tráfico de influencias y de asociación ilícita.
Además, el total de las multas que pide por los delitos de falsedad y asociación ilícita alcanzan los 97.600 euros.
Otras de las penas más altas que solicita la acusación particular para la treintena de imputados se encuentra la del responsable de Correos, Juan José Redondo, para quien piden un total de 17 años y medio de prisión, 33 años de inhabilitación y multas que suman 131.400 euros. A Redondo le acusan de delitos electorales continuados, de descubrimiento y revelación de secretos, de infidelidad en la custodia de documentos, de falsedad y de asociación ilícita.
Por otra parte, se encuentra el ex secretario general de Juventudes Socialistas, Amin Azmani, para quien piden un total de 13 años y 9 meses de prisión, 21 años de inhabilitación y 97.600 euros de multas por delitos continuados electorales, de falsedad y de asociación ilícita. Para el actual secretario general de Juventudes Socialistas, Sergio Martínez Ranero, el PP pide 11 años y medio de prisión, 6 de inhabilitación y una multa de 43.800 euros por delitos electorales y de falsedad.
Los mejor parados
Las penas más bajas solicitadas por la acusación particular corresponden para los ex socialistas Nordin Abdel-Lah e Ikram Anaan, a los que únicamente acusa de un delito electoral y por el que pide una multa de 1.825 euros. Cabe recordar que el Ministerio Público sólo solicita para ellos un año de prisión por un delito electoral y el atenuante de confesión de los hechos antes del inicio de la investigación, recogido en el Código Penal. La razón es que ambos ex socialistas han sido los principales testigos en las pesquisas que confirmaron la existencia de la trama de compra de votos a cambio de un puesto de trabajo en los Planes de Empleo. Hechos que se produjeron antes de las elecciones generales de 2008.
Por otra parte, el Partido Popular también solicita penas de prisión e inhabilitación para los que en ese año estuvieron de responsables en la Delegación del Gobierno. Se trata del actual secretario general del PSOE, Gregorio Escobar, y sus compañeros de partido, Ana Mansilla y Joaquín Arana. Para ellos, la acusación particular solicita 6 años de prisión y 18 de inhabilitación por delitos de prevaricación, de tráfico de influencias y de asociación ilícita. Además de multas de 43.800 euros.
A la mayoría de los acusados, implicados de una manera diferente en la trama, únicamente les acusa de un delito continuado electoral, por el que las penas que solicita el PP son de tres años y nueve meses de prisión. En cambio, la Fiscalía, por el mismo delito, pide cinco años y medio de cárcel.
