El PP consigue que los cargos políticos de la CAM puedan optar a la dedicación parcial

Esta mañana, a las 09:00 horas, ha dado inicio el Pleno de la Asamblea de Melilla con la aprobación de la modificación del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla para permitir que presidente, consejeros y viceconsejeros puedan optar a la dedicación parcial. La sesión ha estado marcada por el enfrentamiento entre el Grupo Popular, impulsor de la medida, y los grupos de la oposición, que consideran esta reforma un retroceso ético y administrativo.

Antes de comenzar a aprobar las mociones tuvo lugar un minuto de silencio por las víctimas de violencia de género. Juan José Imbroda, presidente de la Ciudad Autónoma, recordó a María del Pilar, de 60 años, asesinada en Alpedrete el pasado 15 de noviembre, y a Silvia, de 38 años, fallecida en Barcelona el 13 de noviembre. “Van 38 víctimas mortales de violencia de género en lo que va de 2025”, dijo Imbroda.

Seguidamente se ha dado paso al primer punto del orden del día, la aprobación de las actas de sesiones anteriores, que fue ratificada sin debate.

Un segundo punto cargado de polémica

El segundo punto del Pleno, relativo a la aprobación inicial de la modificación del Reglamento del Gobierno  se ha convertido en el epicentro de un intenso enfrentamiento político. La iniciativa ha sido presentada por la Comisión Permanente de Presidencia, Administración Pública e Igualdad y tenía como objetivo permitir que presidente, consejeros y viceconsejeros pudieran optar a dedicación parcial, compatibilizando sus cargos con actividades profesionales externas.

La votación final, con 15 votos a favor y 8 en contra, ha permitido aprobar la reforma por mayoría absoluta. PSOE, CpM y Somos Melilla se han posicionado en contra, mientras que PP, Vox y el diputado no adscrito han votado a favor.

PSOE: “Sus consejeros no dan abasto”

Rafael Robles, diputado del PSOE, ha abierto el debate. “Desde el Grupo Socialista ya hemos manifestado nuestro desacuerdo con la modificación de los artículos 8 y 31 del Reglamento, que permite que presidente, consejeros y viceconsejeros puedan tener dedicación parcial y compatibilizar sus actividades profesionales con el Estado”.

Aunque ha reconocido la legalidad de la medida, Robles ha cuestionado su conveniencia en Melilla. “Consideramos que en Melilla estos cargos siempre se han desempeñado con dedicación exclusiva, debido a la alta carga competencial derivada de su doble condición de Ciudad Autónoma y Ayuntamiento. La posibilidad que establece la Ley de Bases puede ser adecuada en corporaciones pequeñas, pero no en una Administración con más de 360 millones de presupuesto”.

El diputado socialista ha alertado sobre el riesgo de favorecer intereses particulares. “Si es en régimen de exclusividad y sus consejeros no dan abasto para asumir sus competencias, no queremos ni pensar qué va a pasar con este Gobierno si pueden estar también ocupados en asuntos profesionales. Más bien consideramos que esta reforma parece hecha para, en un determinado momento futuro, beneficiar a determinados perfiles”.

Somos Melilla: “Es indecente, no hay quien lo entienda”

Amin Azmani, diputado de Somos Melilla, ha calificado la propuesta de “inaceptable” y ha denunciado que la medida podría debilitar la confianza ciudadana. “¿Cómo puede la ciudadanía confiar en que una medida o un contrato o una inversión se decide pensando en el bien común, si quienes deben velar por todos nosotros pueden tener al mismo tiempo negocios pendientes, clientes esperando o beneficios personales en juego?", se ha preguntado. "O se gobierna para la ciudadanía o se gobierna para uno mismo. Permitir que el presidente y los consejeros compatibilicen sus cargos con actividades privadas no es una simple reforma administrativa; es una puerta abierta para que los intereses particulares entren en el corazón de las decisiones públicas”.

Azmani ha subrayado el carácter ético y de dedicación que exige la política. “Gobernar, exige dedicación total. No es un trabajo más. Es una responsabilidad, además de un honor, que afecta a miles de vidas y al dinero de todos. Y sinceramente, es indecente. No hay quien lo entienda”.

PP: “Lo único que estamos haciendo es ajustar una norma”

Marta Fernández de Castro, consejera de Presidencia, ha defendido la legalidad y necesidad de la reforma con firmeza. “La compatibilidad no es una ocurrencia nuestra, señor Mohamed. La compatibilidad es una figura que está regulada, legal y controlada. Ya existe en la mayoría de administraciones públicas, estatales, autonómicas y locales. Hay una ley y no da barra libre, si eso es lo que usted tiene miedo. Decir, señor Mohamed, que una compatibilidad es sinónimo de hacer negocios es como decir que tener un coche es sinónimo de atropellar a la gente. La dedicación parcial no sustituye el compromiso político, lo regula”, ha declarado la diputada del PP.

Fernández ha recordado que la reforma responde a la necesidad de actualizar normas desfasadas y cumplir sentencias judiciales. “Estamos ajustando el reglamento del año 2017, que entraba en contradicción con el reglamento de la Asamblea aprobado en 2018. Y voy a ser clara porque ya está bien de confusiones interesadas. No es un capricho político, no es un invento de este gobierno, no pretende blindar a nadie. Esta modificación es de aplicación a este Gobierno y a los sucesivos gobiernos de la ciudad, independientemente del color político. Tengo que decir que gracias por la confianza que están depositando en este partido porque piensan que ganaremos la próxima elecciones”.

En su intervención, la consejera ha defendido la profesionalización y atracción de talento. “Venimos a trabajar, venimos a gestionar y a levantar esta ciudad. Y para traer los mejores perfiles, evitar sueldos injustificados y ajustar la Administración a la realidad del siglo XXI, necesitamos regular la dedicación parcial”.

Fernández no ha dudado en confrontar a la oposición, especialmente a Amin Azmani. “Melilla no necesita profetas del apocalipsis, señor Mohamed, necesita gestores, y usted no lo es”. Además, ha subrayado el carácter potestativo de la medida. “La reforma introduce la posibilidad, no la obligación, de que presidente, vicepresidentes y consejeros puedan tener dedicación parcial”.

Durante el debate, Amin Azmani lanzó un comentario directo al PP. “No se alteren, que tienen mayoría absoluta”, subrayando que la fuerza parlamentaria podría aprobar la medida sin necesidad de consenso. Fernández respondió sin miramientos. "Si usted está hablando de que nosotros tenemos mayoría absoluta para aprobar esto como si fuera una dictadura, desconoce realmente lo que significa tener mayoría absoluta o una dictadura porque nunca la ha tenido".

La consejera ha cerrado lanzando un dardo al diputado de Somos Melilla. “Cuando un político hable de la política como un negocio, huyan".

La llegada tardía de CpM

Coalición por Melilla ha llegado media hora tarde al pleno y han dado un canutazo tras acabar la sesión por la necesidad de aclarar su posición tras la votación. La diputada Dunia Almansouri ha explicado que el retraso obedeció a un “malentendido de agenda”.

Almansouri ha criticado la forma en que se ha llevado a cabo la aprobación del reglamento, calificando el proceso de “totalmente atípico” y denunciando que no se había buscado un consenso previo con los grupos de la oposición. “En la primera comisión se nos trasladó que la idea del Gobierno era que presentáramos un borrador de propuestas y luego tendríamos reuniones para debatirlo. Nuestra sorpresa fue que se nos convoca de pronto para la aprobación definitiva”.

Almansouri ha denunciado un retroceso institucional. “Este reglamento está demostrando que quieren que sigamos siendo un ayuntamiento, no una ciudad autónoma. Nos degrada a ente local. La modificación busca dar la oportunidad a determinados miembros del Partido Popular a ejercer su profesión privada de manera parcial mientras ostentan un cargo. No se puede gestionar así la Administración, con esta carga competencial y responsabilidades”.

Ahora la ciudadanía tendrá que vigilar cómo se aplicará esta nueva normativa y si realmente se cumple con la ética y la transparencia exigidas a sus cargos políticos.