Los planes de empleo se pusieron en marcha allá por el año 2004 cuando José María Aznar presidía el Gobierno nacional y en Melilla era el Partido Popular el que estaba al frente de la Ciudad Autónoma. La puesta en marcha de esta iniciativa fue posible gracias a las gestiones que desarrolló el presidente Imbroda con el entonces ministro de la Presidencia (antes lo fue de Trabajo), Javier Arenas, con el que, además, mantenía una estrecha relación de amistad.
Esa política de empleo tenía por objeto contribuir a la formación de mano de obra y dar una oportunidad a personas muy vulnerables para que pudieran acceder a un puesto de trabajo. En los últimos veinte años, de forma ininterrumpida, se han llevado a cabo esos planes que, si bien es cierto no son la panacea ni una solución a la situación económica de la ciudad, sí que han supuesto un respiro para muchas familias melillenses, cuya única esperanza de tener un sueldo eran esas contrataciones de carácter semestral.
Sin embargo, en 2024 se ha roto la tradición y la Delegación del Gobierno no ha desarrollado el plan que le correspondía. Las razones no están suficientemente claras. Se hicieron unas decenas de contratos y de pronto, tras una sentencia que obligaba a pagar igual a los trabajadores de los planes que a los empleados públicos por desarrollar la misma labor, se decide la paralización de esta acción social y se pone en jaque la llegada de 11 millones de euros para más de mil desempleados.
La Delegación ha intentado todo el tiempo escudarse en que había que estudiar cómo afectaba la citada sentencia al futuro de los planes, pero el argumento no tiene suficiente consistencia, máxime si tenemos en cuenta que el fallo judicial es de abril pasado, estamos a mediados de noviembre y todavía no se ha conseguido una solución. Si solo fuera una cuestión administrativa, de carácter legal, eso debía estar resuelto desde hace meses.
Sin embargo, sin más explicaciones, Melilla se ha visto obligada a decir adiós a ese plan de empleo de 11 millones de euros y más de mil familias se han quedado sin el único sueldo al que podían aspirar. Y lo peor, por cierto, es que no hay garantías de que esa política se reedite en 2025 porque la delegada, Sabrina Moh, nunca ha despejado la incógnita y ha preferido dejar a la ciudadanía con la incertidumbre de qué pasará con los planes.
Ahora la Delegación tiene la posibilidad de redimirse. Tan solo tendría que articular el convenio que le propone la Ciudad Autónoma, que ese la pone los 5 millones para que 400 parados puedan tener un puesto de trabajo de seis meses. No sería la primera vez que se firma un acuerdo de esas características. Ahora bien, hay que tener voluntad política de hacerlo y ahí es donde surgen las dudas sobre cuál será la decisión de Sabrina Moh.
Lo cierto es que la ciudadanía difícilmente entendería una negativa por su parte, quedaría totalmente retratada y pondría de manifiesto que le puede más la guerra partidista que el interés de los melillenses. En el PP no conciben un 'no' como respuesta, pero tratándose de quien se trata y del Gobierno al que representa en la ciudad, todo es posible.
