LA mesa de información sobre el Plan Antiokupación que el Partido Popular ha colocado en la Plaza Menéndez Pelayo ha tenido buena acogida entre los melillenses. Y no porque nuestra ciudad sea un caladero de ‘okupas’. Aquí se resuelve ese problema de otra manera y si no que se lo pregunten a quienes, en un ataque de locura, han intentado ‘okupar’ casas en Reina Regente.
De hecho, ni en el primer semestre de 2019, ni en el primer semestre de este año ha habido denuncias por ‘okupación’ de viviendas en Melilla, según EpData.
Hace unos años, veíamos el problema de la ‘okupación’ como una cosa que sólo ocurría en Cataluña, donde, de hecho, se concentran más de la mitad (3.611) de las 7.450 denuncias registradas este año en todo el país.
Digamos que no es un problema nuestro, pero es un problema de España. Todos los propietarios de viviendas han entendido que la ‘okupación’ es un conflicto nacional y han hecho suya la necesidad de solucionarlo con un marco legal que dé seguridad jurídica a la propiedad privada.
Se trata, sin duda, de un asunto espinoso que se agravó durante la crisis económica de 2008 a 2015. De alguna manera, la ciudadanía entendió que las familias que eran desahuciadas ‘okuparan’ viviendas que los bancos, a los que todos ayudamos a rescatar de la quiebra, tenían vacías en nuestras ciudades.
Tanto lo asimilamos que finalmente hubo acuerdos en determinados puntos de España entre las entidades bancarias y los Servicios Sociales para dar acogida a familias con niños que se vieron en la calle cuando pinchó la burbuja inmobiliaria.
Desgraciadamente ése es uno de los perfiles del ‘okupa’ español: mujer pobre y con hijos. Pero no es el único. También están las mafias de la droga, que revientan vecindarios con molestos inquilinos con adicciones, encargados de convertir en estercoleros chalets de lujo y urbanizaciones a medio acabar en las afueras de las grandes urbes, pero también edificios familiares en pleno centro de nuestras ciudades.
También está, como no, la okupación de jóvenes que quieren independizarse de sus padres, no pueden hacerlo porque no tienen trabajo y acaban viviendo en colonias y haciendo suyos edificios abandonados, en muchas ocasiones de titularidad pública.
El problema es complejo, pero necesita solución. Y los pequeños propietarios de este país han dicho basta. Necesitan saber que la ley les ampara a ellos, los ahorradores, los que pagan las letras mes a mes y no a los ‘okupas’.
Por eso se han organizado en los vecindarios que son carne de cañón de la ‘okupación’, para echar de ahí a los usurpadores a golpe de scratches, llamando a la Policía en las primeras 24 horas y moviendo cielo y tierra para evitar males mayores.
Ha ayudado, sin dudas, la cooperación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, que ya no hacen la vista gorda y saben que o actúan rápido o condenan a una familia trabajadora a pagar una hipoteca para que los okupas vivan a cuerpo de rey.
Evidentemente éste no es un problema nuevo. Es cierto que ha ido a más en los últimos años, pero, como digo, empezó en 2012. Digamos que el PP de Mariano Rajoy tuvo tiempo suficiente para modificar el Código Penal, como se hizo para legalizar las devoluciones en caliente en la valla, y acabar con esta lacra que penaliza a los pequeños propietarios: a una clase media que ya no da más de sí.
Pues no lo hicieron. No hubo reforma para pararle los pies a los okupas en tiempos de Rajoy y ahora, en la oposición, el PP abandera un problema que pudo solucionar y se le pasó por alto.
La iniciativa del PP fue aireada después de que en julio pasado Ciudadanos registrara en el Congreso de los Diputados una Ley Antiokupación, que endurece el delito de usurpación y agiliza la expulsión de los okupas.
En agosto, un mes después, el líder del PP, Pablo Casado rescató en Twitter su Plan Antiokupación ante la “pasividad” del Gobierno de Pedro Sánchez y “el aumento alarmante” del número de casos de ocupación ilegal durante la crisis.
Ese tuit lo acompañó de un vídeo que recoge los dos años que lleva el PP reclamando una modificación legal a través de una reforma que presentaron en el Congreso.
En fin, que el PP se dio cuenta de lo malos que son los ‘okupas’ en cuanto salió de la Moncloa. Dicho esto, ahora hay que aplaudirles que hayan despertado y hayan hecho suya una reivindicación de la clase media de este país.
Donde yo vivo, un edificio cercano al Hospital, hay al menos 30 plazas de garaje, pertenecientes a un particular, "okupadas". ¿Es menos ocupación por no ser viviendas?, ¿es denunciable aunque el propietario no haga nada al respecto?. A mi me parece una vergüenza que muchos de mis convecinos usen espacios que no son suyos, sin pagar la correspondiente comunidad, sin pagar alquiler, y produciendo gastos innecesarios.