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El nuevo Plan Hidrológico de Melilla contempla la posibilidad de acuerdos con Marruecos

El texto publicado en el BOE contempla que en caso de resultar preciso coordinar algún elemento con el país vecino, se utilizarán preferentemente las herramientas del Tratado de Buena Vecindad

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico ha aprobado la revisión del Plan Hidrológico de Melilla y según publica este viernes el Boletín Oficial del Estado (BOE) el Real Decreto 35/2023 que lo regula, contempla que en caso de que resulte preciso coordinar algún elemento con el Reino de Marruecos, con quien compartimos el Río de Oro, se utilicen preferentemente las herramientas que proporciona el Tratado de Buena Vecindad y Cooperación entre España y Marruecos, firmado el 4 de julio de 1991.

El artículo 6 de ese Tratado incluye un inciso (b) que compromete a ambas partes a luchar contra la protección medioambiental, con énfasis en la lucha contra la contaminación, la desertificación y la gestión de recursos hidráulicos.

El Plan Hidrológico de Melilla identifica cuatro masas de agua superficial. Una de ellas es el Río de Oro, considerada una masa de agua "muy modificada". Las otras tres masas de agua entran en la categoría costera. Entre ellas está el Puerto, también identificado como "masa de agua muy modificada".

Las otras dos masas de agua naturales identificadas son Horcas Coloradas-Cabo Trápana y Aguadú-Horcas Coloradas. Ambas están catalogadas por el Ministerio como en buen estado ecológico y químico.

En Melilla, aclara el Real Decreto, no cabe establecer caudales ecológicos dado que los regímenes de agua que discurren por los cauces son muy similares a los naturales al no existir infraestructuras de regulación significativas o concesiones de aguas que puedan alterarlo.

Pero que no sea obligatorio establecer caudales ecológicos, no es impedimento para que tengamos que garantizar que sea mínima la alteración del flujo natural de las aguas subterráneas. Eso nos obliga a que "las extracciones futuras de los acuíferos se reserven exclusivamente para el abastecimiento urbano, prohibiéndose salvo casos excepcionales, que sean estimados por el organismo de cuenca para otros usos".

En este sentido, el nuevo Plan Hidrológico de Melilla, que nos asigna un volumen máximo anual de agua de 11,89 hectómetros cúbicos, considera que "cualquier captación situada en la zona de policía desde la que se extraiga agua durante más de cincuenta días al año, afecta significativamente al caudal ecológico circulante por el cauce".

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este viernes la revisión de los 12 planes hidrológicos (2022-2027), que incluyen la fijación de caudales ecológicos en el río Tajo, lo que supondrá un recorte de las aportaciones al Segura.

En concreto, los 12 planes afectan a la planificación hidrológica del Cantábrico Occidental, Guadalquivir, Ceuta, Melilla, Segura, Júcar, además de la parte española de los ríos compartidos con Portugal (Miño-Sil, Duero, Tajo, Guadiana) y con Francia (Cantábrico Oriental y Ebro).

Se trata del real decreto del Consejo de Ministros del pasado 24 de enero, en el que se incorporó la propuesta del Gobierno que contempla que el caudal ecológico del Tajo a su paso por Aranjuez (Madrid) suba de seis a siete metros cúbicos por segundo desde el 1 de enero de 2023, que pase a ser de ocho desde 2026 y que se eleve a 8,65 en 2027.

Estos planes hidrológicos definirán la gestión del agua en España hasta 2027 y que, con el foco puesto en afrontar el cambio climático y la mayor recurrencia de sequías e inundaciones, suman más de 6.500 medidas que movilizarán 22.844 millones de euros de inversión y culminan la modernización hidrológica en España.

Las medidas en ellos contenidas buscan mitigar el riesgo de inundaciones y sequías, contribuir a alcanzar los objetivos ambientales, proteger la biodiversidad y avanzar en adaptación ante el cambio climático.

Del total de inversión, 10.600 millones (46,7 %) vendrán de la Administración General del Estado; el 36,3 % (8.300 millones) correrá a cargo de las autonomías, otros 2.300 millones (10,2%) de la administración local y el 6,7 % restante (1.500 millones) de otros agentes financiadores.

La mayores partidas irán a infraestructuras de saneamiento y depuración (6.643 millones), regadíos (5.070 millones) y abastecimiento (2.260 millones).

A la gestión del riesgo de inundación irán 2.077 millones, la restauración y conservación del dominio público hidráulico recibirá casi 1.300 millones y en infraestructuras de desalinización y reutilización se invertirán casi 1.270 millones.

Otras actuaciones, como estudios generales y de planificación hidrológica, gestión y administración del dominio público hidráulico, redes de seguimiento e información hidrológica, mantenimiento y conservación de infraestructuras o recuperación de acuíferos, sumarán 4.228,9 millones de euros.

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