El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha pedido este fin de semana al Gobierno de Canarias que trabaje para evitar que las comunidades autónomas recurran al Tribunal Constitucional la reforma de la Ley de Extranjería, que introduce el reparto obligatorio entre regiones de menores migrantes no acompañados. La petición llega después de que varias comunidades gobernadas por el Partido Popular, así como Castilla-La Mancha, presidida por el socialista Emiliano García-Page, hayan expresado su rechazo a esta modificación de la normativa.
Sin embargo, desde el Ejecutivo autonómico canario, que actualmente gobiernan Coalición Canaria y el PP, han respondido con contundencia. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este lunes, el portavoz Alfonso Cabello (CC) recordó que la aplicación y cumplimiento del decreto-ley corresponde al Gobierno central, y no a los ejecutivos autonómicos.
Cabello fue claro al afirmar que “la comunidad autónoma de Canarias y su presidente, Fernando Clavijo, ya han ido mucho más allá de lo que les correspondía” en relación con la reforma de la ley. La modificación de la Ley de Extranjería fue aprobada por el Consejo de Ministros a través de un decreto-ley que establece un reparto obligatorio y proporcional de los menores extranjeros no acompañados que arriban, en su mayoría, a territorios frontera como Canarias, Ceuta, Melilla o Andalucía.
La medida se justifica por la presión que soportan estos territorios en materia de acogida, atención y tutela de estos menores, que según la legislación vigente debe asumir cada comunidad autónoma en función de sus capacidades y de manera solidaria. El Gobierno central considera que la reforma era necesaria para garantizar una respuesta más equitativa y coordinada a esta realidad migratoria.
No obstante, la propuesta ha generado fricciones políticas. Comunidades del PP, como Madrid, Galicia, Murcia o la Comunidad Valenciana, han manifestado dudas sobre la viabilidad jurídica del decreto-ley, e incluso estudian llevar el texto ante el Tribunal Constitucional. En este clima de tensión, Ángel Víctor Torres, ex presidente canario y actual ministro, instó el pasado fin de semana al Gobierno de Canarias a actuar como interlocutor para evitar impugnaciones al nuevo marco normativo.
“¿Cómo puede un ministro del Reino de España pedirle al presidente de una comunidad autónoma que convenza al resto para aplicar un texto legal que ha sido aprobado por su propio Gobierno?”, se preguntó Cabello durante su comparecencia. En su intervención, también destacó que desde Canarias ya se han superado muchas de las "líneas rojas" que se marcaron inicialmente, como la propia posibilidad de aprobar una reforma de esta magnitud vía decreto-ley.
Cabello subrayó además que el Ejecutivo autonómico ha estado trabajando activamente para recabar apoyos a nivel estatal. Recordó, en ese sentido, que la semana pasada se mantuvieron reuniones con el Gobierno vasco, que se ha comprometido a respaldar el texto, y que se han sostenido conversaciones continuadas con Junts per Catalunya.
Acuerdo con Junts
Precisamente, el antecedente más inmediato de esta reforma está en el acuerdo alcanzado entre el Gobierno central y Junts para facilitar la convalidación del decreto-ley en el Congreso. Según publicó El País hace unos días, el Ejecutivo logró el respaldo de la formación independentista catalana tras incluir garantías adicionales en el mecanismo de reparto, así como un compromiso para reforzar el acompañamiento a las comunidades receptoras.
El portavoz del Ejecutivo canario ha lanzado también un mensaje al resto de fuerzas políticas: “Que cada partido ponga encima de la mesa cuál es el sentido de su voto con respecto a esta situación que está padeciendo Canarias”. En su opinión, es el Gobierno de Pedro Sánchez quien debe articular una mayoría suficiente en el Congreso para validar la norma y garantizar su aplicación.
En el plano europeo, Cabello se ha referido a la reciente carta remitida por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los líderes de los Estados miembros, en la que insta a aplicar cuanto antes el nuevo Pacto de Asilo y Migraciones. La misiva incluye el compromiso de reforzar el papel de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) para atender los flujos migratorios en la frontera sur del continente.
No obstante, desde el Gobierno canario han criticado la lentitud de la respuesta europea. “Bruselas, como España, llega mal y tarde”, aseguró Cabello. “Pero tanto como 30 años tarde, porque en esta situación ya nos encontrábamos desde hace tiempo”, añadió.
En su valoración, las regiones más afectadas por la llegada de personas migrantes deben tener voz en la definición de los protocolos que acompañan al nuevo pacto europeo. Cabello ha defendido que es necesario que los territorios que están en primera línea de esta realidad migratoria “puedan ser partícipes de qué se está decidiendo y cómo”.
La posición del Gobierno de Canarias deja en evidencia la tensión institucional que ha generado la reforma. Mientras el Ejecutivo central intenta cohesionar apoyos políticos en las Cortes y contener posibles recursos judiciales, las comunidades receptoras insisten en la necesidad de contar con un respaldo más sólido por parte del Estado y de sus socios europeos.
