Tal y como adelantó El Faro el pasado viernes, la Comisión Europea (CE) ve bien el marco legal que ampara los rechazos en frontera, enmarcados en la Ley de Seguridad Ciudadana que se aprobó el pasado año.
Sobre este tema, hay que resaltar que diferentes ONGs se posicionaron en contra de la práctica también conocida como ‘devoluciones en caliente’, dado que argumentan que impiden que los migrantes soliciten asilo. Así pues, tanto la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) como la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), mostraron a este periódico su rechazo a esta medida, señalando que el marco jurídico de estas prácticas se puede interpretar de formar diferentes.
De esta manera se pronunció el coordinador de APDHA, Carlos Arce, que apuntó que a lo que dice Bruselas se le puede dar una credibilidad relativa, dado que argumenta que “hay juristas de peso que respaldan que las ‘devoluciones’ vulneran la Constitución”. Además, este activista sostiene que también van en contra del “principio de no devolución”.
Por su parte, José Carlos Budía, coordinador de CEAR en Andalucía Occidental, asegura que la postura de su organización es que los rechazos no respetan el derecho a la protección internacional ni en España ni en ningún otro país de la Unión Europea (UE).
No llegan a la oficina
Sobre este asunto, ambas ONGs opinan, por tanto, que las ‘devoluciones en caliente’ impiden que una persona tenga acceso a la garantía de pedir asilo en España. Señala Budía que, según la Convención de Ginebra, si un individuo entra irregularmente en un país, pero verbaliza su intención de obtener protección internacional, se le debe garantizar la posibilidad de tenerla.
Según el activista de CEAR, por tanto, este tipo de garantías no se respetan en la valla de Melilla, donde dice que los migrantes, en su mayoría subsaharianos, son retornados a Marruecos sin tener en cuenta que puedan pedir asilo.
Hay que recordar, además, que lo que la Comisión Europea ve bien, según dijo el comisario de Migraciones, Dimitris Avramopoulos, es el marco legal de los rechazos en frontera, que según recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) respeta “el Derecho internacional en materia de derechos humanos y de protección internacional”, así como “la referencia expresa a la posibilidad de presentar la solicitud de protección internacional en los pasos fronterizos regulares”, según el representante europeo.
El problema, para las organizaciones no gubernamentales, es que los migrantes subsaharianos, aunque quieran, no pueden acceder a la oficina de asilo que está situada en la frontera de Beni Enzar. De hecho, tanto APDHA como CEAR argumentan que si realmente estas personas pudieran pedir asilo con la facilidad que recoge la Ley de Seguridad Ciudadana, por qué iban a jugarse la vida intentando saltar una valla con elementos lesivos.
