La Asamblea de Melilla dio luz verde en la jornada de ayer a la bajada en el valor de las compras que los melillenses pueden traer desde la península sin pagar IVA o IPSI. Los nuevos límites se han establecido en 100 euros para los bienes traídos por vía marítima o aérea y en 300 para los que lleguen por tierra, mientras que anteriormente el tope era de 430 euros. La aprobación se llevó a cabo con los votos en solitario del Grupo Popular, ya que los tres grupos de la oposición decidieron pronunciarse en contra por similares motivos.
Abrió el debate el portavoz cepemista Hassan Mohatar, quien apuntó que su formación política “no ve clara la modificación” impulsada por el Gobierno y que supone dar marcha atrás con respecto a lo aprobado a comienzos de año, cuando el límite en el valor de las compras se estableció en 430 euros. Para CpM, esta marcha atrás es algo negativo para los ciudadanos, que ahora tendrán un máximo económico más bajo exento del impuesto a la hora de adquirir bienes en la península. En palabras del cepemista, la iniciativa tendrá “un impacto nulo” en las pymes locales y supone “un error”.
Muy similar fue la postura del diputado socialista Dionisio Muñoz, quien recalcó que la corrección “va en contra de los intereses de los melillenses”, al tiempo que reclamó al Gobierno de Juan José Imbroda “algo más” para sanear la economía local. “Supone recular sobre algo aprobado hace pocos meses. Es un mero parche sobre un sistema que tiene muchas grietas”, apuntilló.
Por su parte, Julio Liarte, portavoz y diputado de Popular en Libertad (PPL), preguntó por qué se han establecido diferentes límites para las entradas por vía terrestre y las que llegan por mar y aire. En su opinión, esto potencia las ventas en los comercios próximos de Marruecos, al ser el tope mayor. “La medida no era necesaria y supone un perjuicio para los consumidores de Melilla”, defendió.
Defensa del Grupo Popular
El portavoz popular y consejero de Economía, Daniel Conesa, fue el encargado de salir al paso de estas críticas, las cuales estaban “llenas de inexactitudes”. En sus palabras, la iniciativa busca crear un equilibrio entre la libertad que tienen los consumidores para comprar “donde les plazca” y algunas situaciones abusivas que se estaban dando con los anteriores límites.
En lo que respecta a los bienes que entrar por barco o avión, apuntó que se habían dado casos en los que se “adulteraba” el sentido de esta bonificación. Es el caso de familias que realizaban compras en la península y al volver a Melilla las presentaban en la aduana con facturas diferenciadas, una por cada miembro. De esta forma, el límite de los 430 euros era virtualmente mayor y se importaban bienes por unas cantidades económicas que desvirtuaban el objetivo de esta exención de impuestos.
En cuanto a las entradas por tierra, es decir, a través de los pasos fronterizos que separan la ciudad autónoma de Marruecos, remarcó que el tope es de 300 euros porque situarlo en 100, como ocurre con las llegadas en barco y avión, supondría “trámites engorrosos” a la hora de introducir la mercancía en Melilla. “No se ha hecho por un afán recaudatorio, sino para agilizar el proceso”, apuntó Conesa, quien recordó que buena parte de los bienes que llegan de Marruecos son para el abastecimiento de la ciudad.
Por otro lado, puso de relieve que aunque los límites se hayan reducido, los consumidores melillenses todavía salen beneficiados, pues siempre podrán reclamar la devolución de la diferencia entre el IVA, cuya carga impositiva es del 21%, y el IPSI, que grava un 10%.
Asimismo, se mostró “sorprendido” por la postura de la oposición, pues los topes se modificaron en enero de este año y con anterioridad no habían expresado preocupación alguna sobre este asunto. “Están haciendo afirmaciones pocos reales y presuponiendo que los comerciantes locales tienen cierta perversidad”, reprochó. “Estamos buscando que el sector sea competitivo al tiempo que los viajeros que compren bienes fuera de Melilla obtengan ciertas ventajas”, concluyó.
Posturas enrocadas
Sus explicaciones no convencieron a los grupos de la oposición, que se cerraron en banda y volvieron a poner sobre la mesa los mismos argumentos. El PSOE llegó a definir a los consumidores locales como “una clientela cautiva” mientras que Liarte señaló que se está “discriminando” a los habitantes de la ciudad.
Así pues, la modificación salió adelante por trece votos a favor, los del PP, por ocho en contra, todos ellos de la oposición. Hay que recalcar que PSOE, PPL y CpM cambiaron ayer su postura con respecto a la que habían mantenido en Comisión, cuando decidieron abstenerse a la hora de votar
